El anuncio de otro posible plebiscito en la agenda pública cayó como sorpresa en todos los partidos políticos. El martes, el sector Ciudadanos, del Partido Colorado (PC), comunicó que pedirá la firma de dos quintos de la Asamblea General –unas 52 rúbricas– para que se habilite una consulta popular, en la que se decidiría si fijar en la Constitución normas que transparenten los ingresos de funcionarios a los gobiernos departamentales. Esas mismas normas eran el núcleo del último proyecto de ley del senador colorado Adrián Peña, recientemente fallecido, pero a falta de un voto, naufragó en el Senado. Todos los legisladores de la cámara alta, menos los del Partido Nacional (PN), que gobierna 15 de las intendencias de todo el país, habían votado el proyecto de Peña.
Si bien desde Ciudadanos daban por descontada las firmas tanto de todo el PC como del Frente Amplio (FA) –puesto que lo acompañaron en el Parlamento– esto ahora no parece tan seguro, ya que varios dirigentes han expresado que no comparten el mecanismo por el cual se busca la aprobación de la iniciativa. Además, se cruzan las estrategias electorales que implica el plebiscito.
En principio, el FA reunirá a su Secretariado Ejecutivo el lunes para saber qué posición tomar al respecto. Ya hay sectores que puertas adentro evalúan cuál será la postura en la orgánica frenteamplista y, a su vez, a eso se suma la decisión que tomará cada precandidato. Al respecto, Yamandú Orsi, Carolina Cosse y Mario Bergara ya anunciaron dónde se paran, aunque no es en el mismo lugar.
El primero en decir “yo acompaño” fue Bergara, a pocas horas del anuncio de Ciudadanos: “Estamos completamente de acuerdo en generar la regla de que los ingresos a los gobiernos departamentales se hagan esencialmente de la misma manera que se hace en el gobierno nacional, que es por concursos y sorteos”, expresó el senador.
En cambio, Orsi afirmó que “buscar la vía constitucional para los problemas que no podemos resolver a nivel parlamentario no siempre es la mejor salida”, mientras que Cosse dijo que lamenta que la iniciativa no tuviera el apoyo de la coalición cuando se votó en el plenario, y sugirió a los impulsores del plebiscito que el proyecto se vuelva a presentar en la próxima legislatura porque va a “tener los votos del FA”.
Por su parte, el presidente del FA, Fernando Pereira, dijo el jueves que una normativa sobre el tema “contribuye a generar transparencia en el ingreso a la función pública municipal”. No obstante, puso en duda el mecanismo elegido tras el fracaso en el Parlamento: “Hay un tema de forma. Estamos discutiendo esto a pocos días de tener que presentar un proyecto que es de reforma constitucional. Somos conscientes de tener dos quintos del Parlamento, y de que eso nos da una responsabilidad adicional, pero también somos conscientes de que el tema lo tenemos que discutir con informes jurídicos. Y viendo también una cantidad de plebiscitos que se van a poder generar en esta elección, que luego son un problema en la elección nacional, por un conjunto de ruidos en la elección nacional, y coloca riesgos a temas que son enormemente importantes”.
En tanto, en el PC, si bien Ciudadanos expresó en un primer momento que todos los colorados estarían de acuerdo, finalmente se abrió un debate interno que terminó en fuertes acusaciones. Consultado por la diaria esta semana, el senador Germán Coutinho, que había prestado su voto para el proyecto de Peña –tras intensas negociaciones–, dijo que estaba “muy molesto” con la situación, porque no le gustan “los oportunismos políticos”, [en especial del precandidato Robert Silva], y que “esto no era la inspiración” de Peña.
Agregó que tanto él como Tabaré Viera, senador y precandidato, luego de conversar con Peña, cambiaron su posición, porque originalmente no estaban de acuerdo con la iniciativa. “Estos en un par de minutos deshicieron todo”, dijo en referencia a Ciudadanos.
Mientras tanto, la mayoría de los dirigentes del PN, al igual que en sus parlamentarios, están en contra de la iniciativa, aunque no se niegan a estudiarla. El senador Amin Niffouri sostuvo que no cree conveniente que un plebiscito de este tenor se sume a las elecciones nacionales puesto que puede haber dos más –el que promueve el PIT-CNT para la seguridad social y el de Cabildo Abierto (CA) para una “deuda justa”–, además del que ya encaminado –por la misma vía de recoger firmas en la Asamblea General–, sobre los allanamientos nocturnos.
En diálogo con la diaria, Niffouri dijo que “va a ser una gran confusión para la gente si le seguimos metiendo temas” y cuestionó que Ciudadanos no haya presentado la propuesta interpartidariamente antes de presentarla públicamente. “Iría más a la búsqueda de consenso para sacarlo vía legislativa que a agotar esta herramienta que se está utilizando, de la que me parece que se está abusando”, agregó. El lunes a la tarde, la bancada de senadores blancos mantendrá una reunión y tomará una definición, mientras que los diputados prevén hacer lo mismo el martes por la mañana, aunque no se descarta que haya una reunión partidaria bicameral.
El precandidato Álvaro Delgado, en tanto, hace el mismo razonamiento que Niffouri. Ayer, en rueda de prensa, sostuvo que no cree que los caminos sean “plebiscitar todo y meter todo en la Constitución, mucho menos en un año electoral”. Por el contrario, sostuvo que “la solución es trabajar juntos”. “Hay, por ejemplo, 19 estatutos diferentes de funcionarios municipales, me parece que hay trabajar mucho sobre esa lógica”, agregó.
Por su parte, todos los legisladores de ambas bancadas de CA tienen previsto estampar sus firmas. Su líder, el también candidato Guido Manini Ríos, sostuvo que van a ser “coherentes” con lo que votaron en Senadores. “Entiendo que es necesario avanzar en ese sentido: darle mucha más cristalinidad en el ingreso a la función pública a través de las intendencias”, sostuvo.
También firmaría el único diputado del Partido Independiente, Iván Posada, y lo mismo hará el diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega, según consignó El Observador.
Teniendo en cuenta las distintas posiciones, grosso modo, para que prospere la consulta popular Ciudadanos dependerá de las firmas del FA.
José Yurramendi, intendente de Cerro Largo, en el congreso de Intendentes (archivo, diciembre de 2022).
Foto: Martín Varela Umpiérrez
De “lealtades”
Antonio Cardarello, politólogo especializado en política subnacional, señaló a la diaria que deberían existir encuestas de opinión pública para conocer qué piensa la población sobre los ingresos discrecionales. “Habría que saber si en el interior del país, en los distintos departamentos, se rechaza este tipo de prácticas, si es algo que moleste, o si se lo toma en forma más natural”.
Para Cardarello, esto no quiere decir que no esté bien la iniciativa de Ciudadanos y “no sea lo deseable”, porque a diferencia de lo que pasa con el gobierno nacional, las cifras de designaciones directas son un “dato de la realidad” y lo que indican “obviamente va contra la transparencia del sistema”. Señaló que los gobiernos departamentales, al disponer de esa discrecionalidad, hacen que “las lealtades y la posibilidad de acceder a un empleo público en el departamento sean dependientes de una buena relación con el gobierno departamental, y por lo tanto hay un efecto de retroalimentación”.
Al ser consultado sobre la postura de los dos principales precandidatos del FA, el académico expresó que entre los dirigentes hay una “suerte de percepción” de que las prácticas clientelísticas son mal vistas por los ciudadanos del interior, pero no está respaldada por estudios sobre el tema. Orsi gobernó en Canelones, que “está como a medio camino entre el interior más puro y la región metropolitana”, lo que le puede haber brindado otros elementos para opinar. “Si bien él expresa que las prácticas actuales son malas”, puede haber tomado en cuenta otros factores y por eso hizo públicas sus dudas sobre la conveniencia de un plebiscito, dijo Cardarello.
La mayoría de las designaciones directas se dieron en departamentos donde gobierna el PN, según los datos que presentó la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) en la última Rendición de Cuentas (véase recuadro). De todos modos, el director de esa área de Presidencia, Ariel Sánchez, aclaró a la diaria que los números están en estudio. “Eso va a merecer alguna aclaración. Porque estuvimos revisando, a nivel de equipos técnicos, los números de la cantidad de funcionarios públicos y en ninguna intendencia, ha habido ingresos significativos. Y cuando digo ninguna, es ninguna. En las 19 intendencias se ha mantenido constante desde el 2010”, expresó.
Para Sánchez, la designación directa que se ha manejado como un “porcentaje altísimo”, muchas veces “obedece” a contratos que se dan de baja y luego se dan de alta de nuevo. “No se hace el método de los que se bajaron versus los que se dan de alta”, indicó. “Generalmente, son renovaciones de contrato que coincide con la misma persona”, agregó.
En consonancia con Sánchez, al ser consultado por la cantidad de designaciones directas en su comuna, el intendente de Cerro Largo José Yurramendi explicó cómo es el proceso de ingreso en su administración. “Tenemos un régimen de contrato, y otras intendencias tienen el zafral, que es medio parecido. Vos entrás de peón, y a los tres, cuatro años, capaz que ya sos maquinista, y ahí se te hace un nuevo contrato. Soy bien sincero, desde el año 2022 no ingresó nadie nuevo a la intendencia. Sin embargo, si ves los registros de Servicio Civil del 2022 y del 2023, hay nuevos contratos, pero son de las mismas personas”, indicó.
Por último, se mostró contrario al planteo de Ciudadanos: “Tenemos la misma opinión que tuvimos cuando se presentó el proyecto de ley: no estábamos de acuerdo y era innecesario”, dijo a la diaria, y afirmó que el resto de los jefes comunales blancos mantienen la misma posición.