El gobierno resolvió rescindir el contrato con la empresa española Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV, por offshore patrol vessel) para la Armada Nacional. El presidente Yamandú Orsi dijo en conferencia de prensa el miércoles que existen “fuertes indicios” de que se trató de “una estafa o un fraude al Estado uruguayo” y, en consecuencia, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, presentaron el viernes una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y, según anunciaron, también se hará una demanda civil.
El contrato firmado con la empresa Astilleros Cardama Shipyard fue por unos 90 millones de dólares. A la fecha, el Estado ya abonó 30 millones de dólares del total. ¿Cómo fue el proceso que llevó a la elección de Cardama? ¿Quiénes promovieron la compra y quiénes se opusieron?
Diciembre de 2021: el anuncio de Lacalle Pou
El 16 de diciembre de 2021, el entonces presidente Luis Lacalle Pou convocó a una conferencia de prensa junto con el ministro de Defensa, Javier García, el subsecretario de esa cartera, Rivera Elgue, y el comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson.
El mandatario anunció que el gobierno había impulsado un proceso para comprar dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional. Se trata, dijo, de un “hito importantísimo desde el punto de vista de nuestra soberanía, del cuidado del mar territorial, de la autonomía y del desplazamiento que puede llegar a tener nuestra marina”.
Se adelantó que se haría un mecanismo de llamado a precios para buques nuevos y usados, y se crearían tres comisiones de seguimiento: una técnica, conformada por integrantes de la Armada, otra por integrantes de los ministerios de Defensa y Economía y Finanzas, y una tercera, integrada por representantes de partidos políticos.
También dijo que conocía a muchos de los posibles interesados, ya que cuando era senador integró la Comisión de Defensa y recibieron a “muchas empresas y representantes de distintos países que estaban dispuestos a suministrar estas patrullas oceánicas”.
Primeros meses de 2022: los llamados y la eventual incidencia de Estados Unidos
Durante los primeros meses de 2022 se abrieron dos llamados: el de los buques usados, que fue declarado desierto, y el de patrullas nuevas. Para este último, se presentaron ofertas de empresas de China, Países Bajos y Francia. La opción mejor evaluada por las comisiones técnicas fue la de la empresa China Shipbuilding Trading Co. (CSTC), a un costo de 160 millones de dólares.
Según informó El Observador en su momento y confirmó la diaria con fuentes parlamentarias, Estados Unidos hizo llegar su malestar al Estado uruguayo sobre el llamado a ofertas y, en particular, sobre que eventualmente se decidiera cerrar el contrato con la empresa china. El mensaje fue transmitido por un funcionario de la embajada de Estados Unidos al senador nacionalista Carlos Camy, quien entonces presidía la Comisión de Defensa, informó el medio citado.
Enero de 2023: el Ministerio de Defensa anuló el llamado
En enero de 2023, el Ministerio de Defensa (MDN) anunció que el monto de la empresa china excedía el presupuesto que el gobierno preveía gastar y anuló el llamado. El ministro de Defensa, Javier García, negó que existieran presiones desde Estados Unidos y apuntó que “Uruguay es un país soberano e independiente, que toma sus decisiones de acuerdo a su mejor interés y al mejor interés del Uruguay”.
Asimismo, en esa oportunidad García adelantó que habían recibido una propuesta de Noruega para adquirir buques de la Armada de dicho país, oferta que interesó al gobierno uruguayo, y que se había enviado al director general de secretaría de la cartera, Fabián Martínez, al agregado naval en Reino Unido y a un funcionario de la embajada en Suecia a Noruega para que analizaran la propuesta.
Abril de 2023: nuevo llamado
En abril de 2023 se inició un nuevo proceso para recibir ofertas de interesados, pero en esta oportunidad el proceso fue diferente al anterior. Por orden del comandante en jefe, Jorge Wilson, desde la Armada Nacional se comunicaron directamente con distintos astilleros para recibir propuestas.
Según informó El Observador, se presentaron siete interesados y sus iniciativas fueron analizadas por los distintos almirantes. En mayo, con el visto bueno de Wilson, Héctor Magliocca y José Luis Elizondo, el MDN eligió la propuesta de Cardama. El voto en contra fue de Gustavo Musso, jefe del Estado Mayor de la Armada, que en su informe puso a Cardama en último lugar y pidió el pase a retiro seis meses antes de lo previsto.
Julio de 2023: el gobierno elige a Cardama
El 17 de julio de 2023, García anunció en conferencia de prensa que el gobierno había decidido comprar los dos buques al astillero español Cardama, por un total de 82,2 millones de euros, que terminarían de construirse a mediados de 2025.
El ministro de Defensa dijo que, para la elección de la empresa, contó con el aval de “la comisión asesora que designó el MDN” y con “el asesoramiento de la Armada Nacional”. García destacó que se eligió la oferta por el plazo de entrega, el costo total y el cumplimiento de los requisitos técnicos.
Agosto de 2023: la empresa china cuestionó el proceso de elección
La empresa CSTC, que había sido elegida inicialmente en el primer llamado, envió una carta a la Comisión de Defensa Nacional del Senado, a la que en su momento accedió la diaria, en la que cuestionó la flexibilidad de los requisitos del segundo llamado y precisó que mientras ellos tuvieron que pasar por la exigencia de un “pliego de 89 folios con requisitos, garantías, factores de ponderación, puntajes de evaluación, etcétera”, el nuevo llamado se hizo por teléfono o enviando una nota de “menos de una carilla”.
“¿Por qué se eligió esta forma de procedimiento, en el cual no existió fecha ni hora precisa de entrega de ofertas? ¿Por qué se desistió de las formalidades y procedimientos acordes a una compra de este nivel?”, preguntó en la misiva la empresa, que dijo que CSTC es “el principal astillero estatal de la República Popular China”, con activos totales de 112.000 millones de dólares.
También en esa fecha se pronunció el Tribunal de Cuentas, que, por cuatro votos a favor y tres en contra, aprobó la compra directa por excepción a Cardama. Los votos en contra fueron de los ministros del Frente Amplio, que marcaron que hubo un incumplimiento del artículo 149 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, que establece como “principios generales de actuación y contralor” la “concurrencia en los procedimientos competitivos para el llamado y la selección de las ofertas”. Asimismo, según supo la diaria, hubo objeciones referidas a “principios generales del derecho administrativo”, entre otros puntos.
Diciembre de 2023: gobierno firmó contrato con Cardama
El 15 de diciembre de ese año, el gobierno firmó el contrato con la empresa española, que establecía que en un plazo de 45 días Cardama debía presentar una garantía de fiel cumplimiento de las obras equivalente a 5% del total de las obras. También se disponía que en 18 meses debían estar prontos los dos buques, es decir, en junio de 2025.
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, informó el miércoles pasado que esos 45 días pasaron a ser 11 meses, en los cuales la empresa solicitó varias prórrogas para presentar el aval. Además, en el proceso Cardama inició siete procesos de validación de garantías, que fueron rechazados; algunos porque las empresas presentadas no cumplían con los requisitos establecidos por el contrato, y otros porque las propias empresas seleccionadas “desistían de garantizar a Cardama”.
Las irregularidades en los procesos de obtención de las garantías
Tal como establecía el contrato firmado entre el Estado uruguayo y Cardama, la empresa española tenía un plazo de 45 días para presentar una garantía de fiel cumplimiento y una garantía de reembolso, correspondiente al 5% del monto total del contrato, unos 4,5 millones de dólares. Sin embargo, las garantías fueron presentadas recién el 22 de octubre de 2024, 11 meses después de la firma del contrato. En ese lapso, la empresa española intercambió con el MD diferentes borradores de garantías y varias comunicaciones en las que o la empresa informaba que había sido rechazada para obtener la garantía por alguna de las entidades financieras planteadas o el MDN, basado en informes jurídicos del estudio Delpiazzo, advertía que la garantía presentada no cumplía con los requisitos del contrato. Así, entre enero de 2024 –cuando se venció el plazo de 45 días para presentar las garantías– y octubre, Cardama intentó obtener las garantías o al menos mencionó en sus intercambios con el MD procesos con el Banco de Seguros del Estado, Abitab, M y N de Freitas, Pymar, Redbridge Insurance Company, Euro Exim Bank y Société Générale, hasta que a principios de setiembre de 2024 presentó un borrador del aval de EuroCommerce.
Consultado, el estudio jurídico de Delpiazzo emitió un informe en el que advirtió al MDN que el aval presentado por EuroCommerce no cumplía con el requisito del contrato de tener vencimiento a 42 meses, ya que tenía sólo 365 días de vigencia. Pese a la advertencia, el aval fue aceptado por el MDN el 22 de octubre, luego de que el estudio Delpiazzo rechazara la documentación original por falta de apostillado, traducción y certificación de firma.
La ejecución de la garantía y la espectralidad de EuroCommerce
Cumplidos los 365 días de vigencia de la garantía dada por EuroCommerce, el Ejecutivo no tuvo novedades de su renovación, por lo que definió ejecutar la garantía e instruyó al embajador uruguayo en Londres, Luis Bermúdez, a contactar a EuroCommerce. Sin embargo, cuando llegó a la dirección que figuraba en el contrato –85 Great Portland Street First Floor London W1W 7LT–, constató que allí funcionaba la inmobiliaria The London Office. Según informó el embajador, le dijeron que allí nunca había funcionado una aseguradora. La investigación del gobierno, delegada al estudio londinense Arnold, logró identificar al propietario de EuroCommerce, el ruso Vladimir Suzdalev, y que la empresa no tenía actividad económica, tuvo un solo empleado y estaba en proceso de liquidación desde agosto de este año.
“EuroCommerce es un socio confiable en el comercio internacional”, dice el mensaje de bienvenida a la página web, que se despliega sobre una ostentosa fachada de un banco, que en realidad corresponde a la sede canadiense del TD Bank, ubicada en la 66 Wellington St W, en Toronto. Hace un año, esa entidad financiera se declaró culpable en una investigación de la Justicia estadounidense por lavado de activos y contribución al narcotráfico, principalmente asociado al ingreso de fentanilo y opioides y debió pagar una multa de 3.000 millones de dólares por incumplimientos de la normativa contra el lavado.