La Junta de Transparencia y Ética Pública planifica crear un Observatorio Anticorrupción

En 2015, a pocos meses de la asunción de Tabaré Vázquez como presidente por segunda vez, se creó por ley la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) como servicio descentralizado. Comenzó a funcionar como tal en 2016 y un año después tuvo que resolver sobre el caso más complejo para el gobierno de la época: dictaminó que Raúl Sendic había violado normas sobre el uso de los fondos públicos y había cometido “faltas administrativas”, pocos días después de que el entonces vicepresidente de la República renunciara a su cargo.

Si bien desde su creación la Jutep ha tenido un incremento presupuestal sostenido, los recursos del organismo no alcanzan para cubrir todas las tareas que se le han encomendado, sostiene la presidenta del servicio designada por el gobierno de Yamandú Orsi, Ana Ferraris. El Parlamento votó su venia en la sesión del 1º de abril pasado.

La nueva administración se concentrará en tres líneas de trabajo: en 2025, a través de dos decretos, se propone reglamentar la denominada “ley cristal” y el procedimiento de tramitación de las denuncias ante la Jutep; y más adelante, crear un Observatorio Anticorrupción.

La ley cristal, que busca promover transparencia en la administración pública y combatir la corrupción, enumera una larga lista de funcionarios públicos que están obligados a presentar declaraciones juradas de sus bienes e ingresos. Entre ellos, el presidente y vicepresidente de la República, los ministros y subsecretarios, los titulares de organismos de contralor y de personas públicas no estatales, los legisladores, los intendentes, alcaldes y ediles, autoridades judiciales y militares, y los directores de entes autónomos y servicios descentralizados.

Si quisiera aplicar multas por incumplimientos en las declaraciones juradas, la Jutep no podría hacerlo porque al no haber reglamentación de la ley, no están establecidos los montos de las multas, salvo para aquellos funcionarios omisos en la presentación. Ferraris dijo que no se han podido aplicar multas y que, por ejemplo, en el caso del exsenador nacionalista Juan Sartori, que no presentó la declaración jurada de su esposa, “la única sanción que se le aplicó es la que está establecida por ley y no necesita reglamentación: al estar declarado omiso se le retiene el 50% de sus haberes”, explicó.

Tampoco está establecido en ninguna norma qué datos de las declaraciones juradas deben hacerse públicos. Durante el período de gobierno anterior, hubo discrepancias en este sentido entre la mayoría del directorio, designada por el gobierno de Luis Lacalle Pou, y Ana Ferraris, que en ese momento era vocal y representante del Frente Amplio. “La propia Jutep a mi criterio ha tapado datos que no tenía por qué tapar. Por ejemplo, si vos declaraste que tenés una casa, se tiene que tapar el número de padrón, eso es correcto, la ubicación también. Ahora, vos no tenés por qué ocultar si es un inmueble rural o si es un apartamento o una casa. Y si es una cuenta bancaria, vos tenés que ocultar el número, no tenés por qué ocultar el banco. Se resolvió en su momento por mayoría, con mi voto en contra, ocultar ese tipo de datos”, cuestionó Ferraris. Agregó que ella incluso es partidaria de no ocultar el número de cédula, porque “es una herramienta importante de información, sobre todo cuando uno analiza depósitos bancarios”.

La reglamentación buscará zanjar estas discrepancias y la propuesta será manejarse con mayor transparencia respecto de los datos.

Ferraris concluyó que la reglamentación permitirá hacer que la tarea de prevención en esta materia “pueda realmente ser eficiente” y que las declaraciones juradas “jueguen el papel que tienen que cumplir de prevención, porque si no [la Jutep] es un depósito de declaraciones juradas”.

“No hay capacidad” para ejercer control de las declaraciones juradas, según la presidenta de la Jutep

En estos días, la Jutep ha estado procesando las declaraciones presentadas por los candidatos a las intendencias de todo el país, que son más de 80. Y para eso sólo cuenta con dos funcionarias y una encargada, afirmó Ferraris. Si bien todavía no tienen definido el pedido presupuestal del organismo para este quinquenio, “hay que aumentar la dotación claramente”, remarcó.

La presidenta de la Jutep advirtió que hoy “no hay capacidad” de controlar las declaraciones. “Por lejos es el área más debilitada de la oficina. Las funcionarias están recibiendo en estos días las declaraciones juradas de los candidatos a intendente, todos los días recibiéndolas, procesándolas, publicándolas. Es un desquicio, es un caos total, sobre las espaldas de ellas cae el peso de un trabajo que es bastante arduo y a la vez es bien importante”, advirtió.

Añadió que por ley el organismo está obligado a abrir en forma aleatoria el 5% de las declaraciones presentadas para analizarlas. Según la ley cristal, las declaraciones deberían ser examinadas para verificar que cumplan “con los requerimientos legales y reglamentarios formales y sustanciales”, y la Jutep debería además adoptar “una metodología de análisis de riesgo para determinar la estrategia de control de las declaraciones juradas”.

Sobre este punto, Ferraris advirtió que la Jutep no cuenta con una unidad capaz de analizar patrimonio. “Esta apertura analítica no se ha podido hacer porque, bueno, no tenemos ni siquiera un contador”, apuntó. Mencionó que en el caso de Sartori el organismo se enfrentó a “un patrimonio absolutamente complejo donde no había nadie, y me incluyo, en condiciones de analizarlo a fondo”. Agregó que la actual administración se propone conformar una unidad de análisis con el equipo técnico necesario para ejercer estas funciones, integrado por un contador o contadora, y eventualmente por un abogado especializado en derecho comercial y derecho bancario.

Al mismo tiempo, se diseñará una metodología de investigación para hacer un análisis con enfoque de riesgo. Ferraris señaló que “seguramente” se le pida apoyo para esto a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

Ferraris: “Tenemos durmiendo denuncias desde 2020”

Otra línea de acción central para la Jutep este año será la redacción de un decreto para regular la tramitación de las denuncias ante el organismo. Ferraris afirmó que existe “un cuello de botella con las denuncias”. Recordó que a fines de 2019 quedó instalado un portal de denuncias, pero nunca se estableció un procedimiento para gestionarlas, y actualmente debe haber sin tratar entre 400 y 500, y algunas están desde 2020.

La presidenta de la Jutep contó que conformó un grupo de trabajo para definir procedimientos y que se busca que el proceso esté “bastante inspirado” en la tramitación de denuncias a nivel de las fiscalías, con una “etapa previa de depuración, porque muchas denuncias que entran no tienen absolutamente nada que ver”, con reglas claras tanto para los denunciantes como para los funcionarios. Ferraris explicó que para que las denuncias sean tomadas en consideración “tienen que cumplir determinados requisitos”, y para definirlos se está tomando como base la norma ISO 37.002 sobre sistemas de gestión de canales de denuncia, así como experiencia comparada y en particular el modelo de canales de denuncia de la Organización de Estados Americanos.

Se buscará así “armar un proceso que torne eficiente el sistema”. “La prueba de la ineficiencia está dada por el hecho de que tenemos durmiendo denuncias desde 2020”, insistió.

Denuncias pendientes y nuevos casos

Ferraris recordó que siendo vocal, durante el período pasado, presentó denuncias que están pendientes de resolución, por ejemplo, sobre el caso de la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial Irene Moreira, que entregó una vivienda a un militante de Cabildo Abierto sin pasar por un sorteo, y sobre el caso de la familia Caram en Artigas. El exintendente de Artigas Pablo Caram y también su sobrina, la exdiputada Valentina dos Santos, fueron condenados por la Justicia por el cobro irregular de horas extra de la intendencia.

Ferraris señaló que cuando planteó este último caso no se trató porque estaba en la órbita judicial, pero ahora sí puede abordarse. “En algún momento habrá que verlo eso y ver si, más allá de lo que decidieron en sede judicial, nosotros a su vez tendríamos que hacer algún análisis más”, indicó.

En el mismo sentido, consideró que si bien el caso del exintendente de Soriano Guillermo Besozzi también está judicializado y no puede tratarse en este momento, “podría” analizarse cuando culmine la causa. Ferraris acotó que incluso “no sé si ya no hay alguna denuncia en la Jutep sobre ese caso”.

Según la normativa, la Jutep no puede tratar temas que estén en la Justicia. Para Ferraris, se trata de una disposición “sabia”, porque “la Justicia tiene que actuar lo más independiente posible” y un pronunciamiento de la Jutep podría leerse como una presión. “La Jutep no es como el Tribunal de Cuentas, que es un órgano de creación constitucional autónomo. La Jutep es un servicio descentralizado que se conecta con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, cuanto menos interferencias tenga en la actuación judicial, yo creo que está bien”, afirmó.

Respecto del caso de la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial Cecilia Cairo –que renunció el jueves a la cartera tras conocerse que no había regularizado su vivienda en Pajas Blancas y no pagaba los impuestos correspondientes por ello–, Ferraris prefirió no opinar. “Me falta información al respecto y previendo que pudiera haber alguna denuncia quiero evitar caer en el prejuzgamiento ante un asunto sobre el que tal vez sea el directorio quien deba pronunciarse”, señaló.

El directorio de la Jutep aún no está completo porque resta designar al vicepresidente y todavía no se votó la venia del representante de la oposición.

La Jutep trabajará en la creación de un sistema de información

El organismo tampoco tiene información sobre el porcentaje de denuncias que se tramitan porque no existe un sistema de indicadores, y en eso también se trabajará, anunció Ferraris. La tercera línea de acción del organismo será la creación de un Observatorio Anticorrupción que elabore estadísticas, siempre y cuando el directorio del organismo acompañe la propuesta, acotó la jerarca.

“La Jutep tiene un rol claro en el sentido de promover políticas públicas para la prevención y el combate a la corrupción y en materia de ética pública. Ahora, si uno no tiene una base sólida basada en datos, en evidencia, de qué está pasando en materia de corrupción, es a ojo. Necesitamos tener información bien trabajada, que, por ejemplo, nos permita definir en qué departamentos hay debilidades en temas de formación sobre ética pública. Para nosotros [es importante] saber dónde poner el ojo y dónde tratar de acercarnos con propuestas de cursos, de capacitación, pero para eso vos tenés que tener una unidad de análisis que tome ese tema”, explicó Ferraris. Al mismo tiempo, existen encuestas de percepción sobre la corrupción en Uruguay, pero “hay que cruzar esos datos con la realidad”.

Para la instalación del Observatorio se buscarán alianzas con la academia y apoyo en la cooperación internacional.

Ferraris destacó que para todas las acciones que prevé implementar cuenta con “todo el apoyo del prosecretario de la Presidencia”, Jorge Díaz. “Lo he hablado con él y nos ha brindado todo el apoyo. Claro, él entiende de esto, ¿no? Sabe de qué estamos hablando y la verdad es que me he sentido muy respaldada en ese sentido. Y de alguna manera este va a ser un trabajo muy articulado con la Presidencia, porque en definitiva es el Poder Ejecutivo el que lo tiene que aprobar”, indicó.

.