El reciente procesamiento del coronel Romeo Minoli, de 91 años, por crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar provocó la reacción de los dirigentes más visibles de Cabildo Abierto (CA). Primero fue el exsenador Guido Manini Ríos, quien desde las páginas de La Mañana sostuvo que el dictamen judicial forma parte de “un proceso de venganza descarado”, auspiciado por “un relato que se impuso durante décadas a través de la educación y los medios de comunicación, impulsado por una izquierda que hizo del odio el motor de su vida”.

El líder de CA fue secundado por el excandidato a la Intendencia de Montevideo Roque García, quien en un video calificó el procesamiento de Minoli como “un disparate” y manifestó: “Vamos a ganar esta guerra. La vamos a volver a ganar, amigos. Vamos a ganar la batalla cultural”. El vídeo de García, a su vez, sirvió como desencadenante para que el diputado del Partido Nacional (PN) Rodrigo Goñi anunciase a través de X que presentará en el Parlamento “un nuevo proyecto de prisión domiciliaria para poner fin a los encarcelamientos abusivos de personas de más de 70 años detenidas por hechos anteriores a 1985”.

Según el diputado nacionalista, el procesamiento de Minoli “refleja una lógica encarnizada, más cercana a la venganza que a la justicia, que vulnera los principios más elementales de humanidad y exige, de una vez por todas, una solución legal”.

Goñi presentará formalmente el proyecto el martes. La iniciativa tendrá como base el proyecto que fue aprobado en el período pasado en la Cámara de Senadores –únicamente con los votos del entonces oficialismo–, el cual posteriormente no prosperó en la Cámara de Diputados y fue archivado al término de la legislatura. No obstante, el diputado del PN pretende introducir algunos cambios significativos a la iniciativa.

En la nueva versión del proyecto, a la que tuvo acceso la diaria, se establece que, “cuando se trate de un formalizado mayor de 70 años de edad y mediare petición de parte, la prisión domiciliaria será decretada por el juez con independencia a los demás criterios” previstos en la normativa vigente. También se dispone que el requerimiento de informes médicos para sustentar la resolución judicial “no será de aplicación si han transcurrido 30 años o más del acaecimiento de los hechos que se juzgan”.

En diálogo con la diaria, Goñi simplificó: “A una persona de 70 años, por un hecho acaecido hace más de 30 años, se le otorga, preceptivamente, prisión domiciliaria. Punto”. El proyecto que sólo obtuvo media sanción en la anterior legislatura establecía, entre otras cosas, que el otorgamiento de la prisión domiciliaria para personas mayores de 65 años debía fundarse “en los informes de una junta médica designada por el juez”.

Goñi señaló que este conjunto de modificaciones al proyecto aprobado en el Senado en el período pasado pretende “darle efectividad a la norma”. Para el diputado del PN, actualmente “hay un encarnizamiento” a nivel judicial: “No podemos seguir mandando gente anciana, enferma, a la cárcel. Es venganza. Es venganza que genera odio. Y los odios después generan violencia”, afirmó. “Hay que ponerle fin a esto. La sociedad necesita dar vuelta a esta página”, subrayó.

El debate del período pasado

El texto aprobado a fines de 2023 por la Cámara de Senadores fue el resultado de un largo proceso de discusión a la interna de la entonces coalición de gobierno. Al momento de la votación, el senador del Partido Colorado Adrián Peña resumía el contenido del proyecto de la siguiente manera: “Lo que se está aprobando hoy es que, con la decisión del juez y previa intervención de las partes, se defina la prisión domiciliaria a partir de los 65 años si existen determinadas condiciones, y se hace con base en informes técnicos que fundamenten que esa persona no puede estar en prisión. Esto ya pasa hoy, pasa a los 70 años”.

Peña, quien falleció pocos meses después, trabajó junto con el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, para modificar el punto de partida que habían fijado los senadores de CA.

Amparándose en varios argumentos, uno de los cuales era proteger a “la población de mayor riesgo ante la posibilidad de surgimiento de un brote de covid-19”, el proyecto original de CA disponía la prisión domiciliaria “de oficio y sin más trámites” para las personas mayores de 65 años.

Tanto el Frente Amplio como distintas organizaciones de derechos humanos advirtieron en su momento que la propuesta cabildante apuntaba a la excarcelación de los represores condenados por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, que actualmente cumplen sus penas en la cárcel de Domingo Arena.

El mecanismo “ya existe” en la normativa vigente

A pesar de la prédica constante de CA, los números marcan que actualmente la mitad de los militares, policías y civiles procesados por crímenes cometidos en la dictadura ya están en régimen de prisión domiciliaria. El abogado Pablo Chargoñia, que representa a víctimas del terrorismo de Estado, explicó a la diaria que “ya existe norma procesal” para conceder la prisión domiciliaria “en casos de situaciones incompatibles con la permanencia en prisión efectiva”. Por lo tanto, sostuvo, “no se puede pretextar que Uruguay no tiene ese tipo de normativa, porque sí la tiene y la aplica con autorización judicial”.

Chargoñia, que integra el Observatorio Luz Ibarburu, dijo que estas iniciativas intentan “otorgar un beneficio general a todos los imputados y condenados con el argumento de la edad, aprovechándose de que, por la demora en la realización de la justicia por crímenes de la dictadura, todas estas personas imputadas o condenadas son mayores”.

Se trata de “una forma disfrazada de atenuación de la sanción, lo que implica también una forma disfrazada de impunidad, y en ese sentido es un flagrante incumplimiento del deber de investigar y juzgar a los autores de crímenes que ofenden al género humano”, manifestó Chargoñia.

Chargoñia recordó que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como relatores especiales de Naciones Unidas “ya tuvieron oportunidad de expedirse en contra del proyecto original presentado en su momento por CA”. En tal sentido, “lo que se puede avizorar es que, en caso de que Uruguay aprobara ese proyecto de ley, la cancillería uruguaya tendría que estar dando explicaciones a las objeciones de los organismos internacionales especializados en derechos humanos”, advirtió.

La sentencia judicial contra el coronel Minoli

El 4 de junio, la jueza en lo penal de 23er turno, Isaura Tórtora, dispuso el procesamiento de Néstor Silvera Fonseca, Arquímedes Cabrera y Romeo Minoli por reiterados delitos de privación de libertad, lesiones graves y abuso de autoridad, en calidad de coautores. Según la sentencia judicial, a la que tuvo acceso la diaria, en el caso particular de Minoli, “atento a su avanzada edad”, el procesamiento fue con prisión domiciliaria.

En el dictamen judicial se señala que, en enero de 1976, el Batallón de Infantería 12, ubicado en el departamento de Rocha, funcionó como un centro de detención de integrantes del Partido Comunista del Uruguay y de la Unión de Juventudes Comunistas, en el marco de lo que se denominó como “Operación Morgan”. Allí, los militantes comunistas detenidos “fueron sometidos a sendos interrogatorios bajo tormentos físicos, tales como submarino, plantones, picana eléctrica y golpes de diversa intensidad”.

En el documento se señala que, en aquel entonces, el Batallón de Infantería 12 “estaba a cargo del teniente coronel Romeo Ariel Minoli Vaudagnotto, quien era jefe de la unidad militar relacionada y vivía en el batallón, conforme surge de su declaración”.