El canciller Mario Lubetkin conversó con su par argentino, Pablo Quirno, acerca de la planta de hidrógeno verde que la empresa chilena HIF Global proyecta instalar en Paysandú, departamento fronterizo con Argentina. En el vecino país son varias las voces que han reclamado la relocalización de la planta, advirtiendo por la afectación que su instalación podría generar en la ciudad entrerriana de Colón, principalmente al sector turístico. A propósito, días atrás, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, tras una reunión con el presidente Yamandú Orsi, confirmó que el gobierno analiza la posibilidad de relocalizar la planta dentro del propio departamento, en “un lugar que pueda ofrecer ventajas logísticas”.
Según pudo saber la diaria, la conversación entre Quirno y Lubetkin se dio en “buenos términos” y acordaron concretar una nueva reunión en la que también participen autoridades ministeriales y locales. El pasado noviembre tuvo lugar en Uruguay una reunión entre los cancilleres, junto al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; la vicecanciller, Valeria Csukasi; el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y, por el lado argentino, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el intendente de Colón, José Luis Walser; el subsecretario de Asuntos de Política Exterior, Juan Navarro; la directora de América del Sur de la cancillería argentina, Natalia Gunski, y el embajador de Argentina, Alan Beraud.
En esa instancia, las autoridades uruguayas aceptaron incorporar al análisis de la iniciativa y al estudio de impacto ambiental las consideraciones hechas por la delegación argentina en cuanto a la “contaminación visual” y la localización de la planta. En diálogo con la diaria, Olivera señaló que, desde esa reunión, Uruguay ha venido “cumpliendo su hoja de ruta” y la alternativa de emplazamiento que se analiza “descomprimiría” la tensión con Argentina. A su vez, resaltó que, por el lado argentino, “en todo momento, se reivindica la soberanía de Uruguay en materia de radicar sus emprendimientos de acuerdo con su ley”.
Frigerio –que hace un mes aseguró que, de ser necesario, irían a la Corte Internacional de Justicia–, en diálogo con El País, sostuvo: “Si se cumple el pedido de relocalización, nosotros vamos a estar satisfechos y agradecidos, por supuesto”.
La nueva propuesta, señaló Olivera, “busca encontrar una locación que ya cuenta con habilitación como suelo industrial, que ya tiene conectividad ferroviaria, que ya tiene accesibilidad a rutas nacionales, que ya tiene, incluso, cercanía con la fuente de CO2 biogénico”. Sostuvo que ofrecería “mayores ventajas” y que no ha sido considerada hasta ahora por no estar en el mercado. Una posible nueva localización, según se ha informado, es en un predio de Ancap. Consultado sobre qué resta para la definición, Olivera señaló que, en primer lugar, que “la empresa entienda que es viable”, y, en segundo, “que el gobierno entienda que está disponible”.
El intendente destacó que Orsi está “bien decidido a avanzar en la concreción de la inversión” y señaló que “toda alternativa está puesta en ver cómo se concreta y se avanza, y se acelera la instalación de la planta”, que podría transformarse en la mayor inversión en la historia del Uruguay. En paralelo, el gobierno y la empresa mantienen negociaciones sobre el precio de la energía, lo que motivó que se prorrogara hasta junio la firma del contrato de inversión.
La Justicia argentina requirió información a la Dinacea y la CARU
El 10 de abril, en tanto, la Justicia Federal argentina dio lugar a una acción preventiva de daño ambiental solicitada por los diputados nacionales Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay, del peronismo, que impulsaron una demanda civil contra el Estado uruguayo y HIF. Los legisladores fundamentaron que, de instalarse la planta “sin cumplir con la normativa establecida en el Estatuto del río Uruguay y la jurisprudencia fijada por la Corte Internacional de La Haya en el caso ‘Botnia-UPM’, se producirá un daño irreparable en el ambiente”.
El juez federal Hernán Viri resolvió dar lugar parcialmente al pedido de prueba anticipada. Entre otras pruebas, dispuso que se requiera a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente que informe la “fecha de presentación ante la autoridad competente de la ‘solicitud de autorización ambiental previa’ efectuada por la empresa”, que “remita copia certificada” de la solicitud, así como del estudio de impacto ambiental, y que informe sobre la “fecha de realización de audiencia pública en el proceso de evaluación de impacto ambiental”.
Asimismo, estableció que se solicite a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que informe “si se ha comunicado a dicho organismo el proyecto” y si la empresa “ha presentado ante dicha comisión el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo”. Desde la CARU, señalaron a la diaria que aún no han recibido la solicitud de la Justicia argentina y aclararon que, al ser un organismo binacional, la CARU tiene inmunidad de jurisdicción, es decir, que “no está sometida a organismos jurisdiccionales de los Estados parte”.