La semana pasada consignamos que el oficialismo había terminado de aprobar su nueva ley de medios en el Parlamento. En los siguientes días, los legisladores avanzaron en otros proyectos, con distintos grados de acuerdo, pero en todo caso, lejos de las enormes controversias que suscita el proyecto comunicacional del gobierno.

Por ejemplo, por iniciativa del diputado frenteamplista Gustavo Olmos, se presentó con la firma de todos los partidos un proyecto que busca regularizar los ingresos de funcionarios a las intendencias departamentales, cuando la anterior iniciativa parlamentaria en este tema había sido bloqueada por el Partido Nacional.

También con aprobación unánime, se votó la creación de un fondo de garantía para asistir al Casmu.

Ya sin apoyo del Frente Amplio, el senado votó una ley sobre ciberdelitos y en la cámara baja se aprobó un proyecto que cambia la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana.

En el Palacio Legislativo también hubo una interpelación: la senadora Silvia Nane pidió explicaciones al titular del Mides y las autoridades del INAU por la muerte de una adolescente que estaba embarazada y era víctima de abuso sexual. Los frenteamplistas pidieron renuncias, que no se produjeron.

Para cerrar este repaso, consignemos que fuera del Parlamento, pero directamente relacionado con la ley de medios que mencionábamos al principio, en la Torre de Antel el directorio del ente dio luz verde para que empresas privadas usen su fibra óptica para competir contra él.

Astesiano, el facilitador

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