Hace unas noches, cerca de un centro nocturno, encontramos a Carlos -nombre ficticio, historia real- intentando dormir sobre cartones húmedos, en una esquina azotada por el viento. Tenía los pies descalzos, la ropa empapada y se cubría el rostro para amortiguar el golpe del aire helado. A su lado, un termo sin tapa y la mirada perdida en un punto que solo él parecía ver.

No era la primera vez que Carlos dormía en la calle. Tampoco es el único. Cientos de personas sobreviven a la intemperie, mientras nosotros como sociedad debatimos desde la comodidad de una cuenta de internet, repartiendo juicios y reproches, que, en el fondo, no cambian nada.

Desde que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) hizo su primer relevamiento en 2006, el número de personas en situación de calle no ha dejado de crecer. Este fenómeno no puede atribuirse a un solo gobierno ni a una coyuntura económica particular: revela una falla estructural en la forma en que el Estado uruguayo ha concebido e implementado sus políticas de vivienda y protección social.

En una conferencia de prensa, el 7 de abril, el presidente Yamandú Orsi junto al ministro Gonzalo Civila señalaron que el sistema de protección social atiende actualmente a más de 13.000 personas en todo el país. El dato, lejos de ser tranquilizador, evidencia la magnitud alcanzada por el fenómeno y la creciente presión sobre dispositivos que, en muchos casos, siguen pensados desde la lógica de la emergencia.

Con técnicas algorítmicas de aprendizaje automático, un informe de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de la República estima que, de mantenerse las tendencias actuales, la población sin hogar en Montevideo alcanzará las 10.583 personas en 2030 y crecerá hasta las 19.490 en 2036. El horizonte, hasta el momento, no es alentador.

El número de personas en situación de calle no ha dejado de crecer. Este fenómeno revela una falla estructural en la forma en que el Estado uruguayo ha concebido e implementado sus políticas de vivienda y protección social.

Como ha señalado Henri Lefebvre, el derecho a la vivienda forma parte inseparable del derecho a la ciudad: no se trata solo de tener un techo, sino de poder habitar, pertenecer y ejercer ciudadanía. Una vivienda es mucho más que un techo y cuatro paredes. Es el lugar donde se construye intimidad, donde se tejen vínculos, donde se reproduce la vida social.

Por estos días, cuando empiezan a asomarse los primeros fríos, florecen los jueces del teclado. Los mismos que se indignan porque “hay gente en la calle” son, muchas veces, quienes luego critican cuando se les suma unos pesos en la tarjeta TUS, diciendo que “a ellos se les da todo de arriba” y que “no quieren laburar”. Reclaman soluciones inmediatas, pero se incomodan cuando alguien golpea la puerta de su casa o su comercio pidiendo ayuda. Una doble moral que alimenta discursos vacíos, mientras Carlos y tantos otros siguen recibiendo frazadas en lugar de oportunidades.

No podemos seguir politizando la pobreza ni utilizando la situación de calle como comodín para atacar o defender gestiones. El frío, la soledad y la intemperie no distinguen partidos ni colores. La calle no desaparece cuando se apaga una cámara o se cierra una sesión de comentarios.

Si realmente queremos cambiar algo, la solidaridad debe ser honesta y coherente. No se trata de instrumentalizar el dolor de los demás para desacreditar al otro, sino de exigir políticas públicas serias, sostenidas y estructurales, que aborden de forma integral la vivienda, la salud mental, la reinserción laboral, entre otras cosas.

Mientras tanto, esta noche, Carlos volverá a intentar dormir. Ojalá no sea sobre cartones. Y ojalá nosotros, como sociedad, dejemos de juzgarlo y empecemos, de una vez por todas, a mirarlo con humanidad.

Cristian Cayún es licenciado en Ciencia Política. Ha estado a cargo de diversos dispositivos en convenio con el Mides y la Intendencia de Montevideo, incluyendo Plan Invierno, centros de contingencia, paradores nocturnos y centros diurnos.