El Frente Amplio (FA) sigue con atención las derivaciones que día a día surgen del caso de Alejandro Astesiano, exjefe de seguridad presidencial, y evalúa sus pasos a seguir. La estrategia de la oposición, por el momento, es separar lo “grueso” de lo “chico”, dejar que la Justicia haga su trabajo y esperar el momento propicio para buscar las responsabilidades políticas, algo que estiman sucederá en los primeros meses del próximo año.

El grupo designado para el seguimiento del caso, coordinado por Verónica Piñeiro, e integrado por los coordinadores de las bancadas de senadores y diputados, Liliam Kechichian y Mariano Tucci, además del senador Alejandro Sánchez, brindó este lunes un informe detallado a la Mesa Política de los últimos hechos y expuso consideraciones sobre los pasos a seguir.

Sánchez dijo a la diaria que transmitieron a los dirigentes que “hay un cúmulo de información bastante importante” y una “serie de contradicciones de los actores políticos, particularmente del gobierno en este tema, que han demostrado que faltaron a la verdad o dijeron medias verdades”. Si bien eso “amerita responsabilidades políticas”, entienden que en lo que queda de este año es necesario armar un “buen informe” con toda la información disponible, para el próximo año tomar las acciones políticas.

El senador sostuvo que algunos militantes de la orgánica frenteamplistas les han preguntado si no iban “a hacer nada después de la comisión general, porque pasaron muchas más cosas y además se demostraron muchas mentiras que dijeron”. Sin embargo, Sánchez sostuvo que el objetivo del FA es “separar las cosas gruesas de las chicas”, dejar que la Justicia avance en el caso e ir “paso a paso” para que cualquier acción que se tome no quede en el aire, en particular en el último mes del año.

También se habló de la actuación de la fiscal Gabriela Fossati y sus últimas declaraciones, según informó El Observador este jueves. “Hay preocupación por cómo ha sido el manejo del asunto”, reconoció Sánchez, y agregó que en el entredicho sobre los chats del presidente la fiscal “quedó muy mal parada”. El senador repasó la secuencia de declaraciones y recordó que en primer lugar la fiscal dijo que se había podido recuperar 2% del contenido de los celulares incautados. Luego el Ministerio del Interior (MI) informó que se había logrado rescatar la totalidad de los mensajes, pero recientemente la fiscal confirmó que no se habían incluido las conversaciones entre Astesiano y el presidente Luis Lacalle Pou, a partir de un “requisito de Presidencia”. Esto posteriormente fue negado por el presidente, quien dijo que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, era quien había transmitido esta solicitud a la fiscal.

Las idas y vueltas en torno a los chats con el mandatario culminaron el domingo pasado cuando Fossati transmitió que todo “partió de una mala comunicación de los intermediarios”, pero que ahora Presidencia se había ofrecido “voluntariamente” a entregar los mensajes.

Para Sánchez, esta cadena de declaraciones genera una “situación poco clara” y lo que hubo “fue cierta crítica a ese manejo”. De todas formas, aclaró que nunca estuvo arriba de la mesa pedir que la separen del caso ni se cree que es conveniente en estos momentos. “Lo que sí decimos es que hay un manejo poco claro del asunto que genera suspicacia”.

“Una trama mafiosa con conexiones desconocidas”

El senador Charles Carrera, que junto a Mario Bergara presentó una denuncia penal por presunto espionaje por parte de Astesiano, considera que en el último tiempo se abrió una “caja de pandora”. “Hay casos de corrupción, tráfico de influencias, temas de espionaje y de aprietes a disidentes. Es un caso gravísimo donde está en juego la credibilidad del gobierno, porque el oficialismo no ha salido bien a manifestarse, pedir disculpas y ver la seriedad de la situación. Han tratado de minimizar las cosas que salieron a la luz gracias al trabajo periodístico”, dijo a la diaria.

En ese contexto, Carrera opinó que la fiscalía ha tenido una serie de inconvenientes para investigar porque “muchos policías que tienen que cumplir con un rol de auxiliar de la Justicia hoy están en el rol de indagados, ya que han tenido connivencia y han participado en hechos con apariencia delictiva”. En suma, opinó que es “una situación sumamente grave”, que dejó al descubierto “una trama mafiosa con conexiones desconocidas, que por acción u omisión involucra a los primeros niveles de gobierno, incluido el propio presidente, porque Astesiano estuvo ahí porque existió una decisión”.

En ese marco, para Carrera, el FA “ha trabajado con cautela y seguridad, creó un grupo de seguimiento para tomar diversas acciones, pedidos de informes, y estamos analizando los pasos a seguir”. No se trata de un tema fácil porque “está en juego la credibilidad del gobierno y el prestigio del país”, acotó.

Bergara, por su parte, dijo a la diaria que “evidentemente el caso Astesiano le está costando al gobierno una caída importante de la aceptación de la población” y es un asunto que “se acumula a otros escándalos que ya venían teniendo lugar y que de alguna manera erosionan al gobierno”, como la extensión de la concesión a Katoen Natie, las denuncias al Ministerio de Turismo por la contratación de la empresa Kirma, el pasaporte a Marset o “la confesión del propio presidente de que toman decisiones a partir de pedidos de intereses particulares, como en el caso del tabaco”, enumeró.

Agregó que desde el punto de vista político hay un responsable inicial, que “ni que hablar que es el presidente de la República por haber colocado Astesiano en ese lugar de poder”, pero también mencionó al “prosecretario de la Presidencia, que es el responsable de todo el servicio de la custodia presidencial y todo esto ocurría bajo sus narices” y al MI, en donde “una importante proporción de la cúpula policial actuaba aparentemente en connivencia con Astesiano”.

En ese sentido, opinó que el Frente Amplio tiene que “seguir muy de cerca todos estos temas” y “una vez que aparezcan con más claridad los hechos”, “ir al llamado de las responsabilidades políticas” de los jerarcas. Agregó que el FA “tiene que afinar los detalles con respecto a en qué momento se justifica y es conveniente algún llamado a sala a las responsabilidades políticas que correspondan y con qué información adicional hacerlo porque todos los días aparece algo nuevo”, expresó Bergara.

La causa de espionaje a los senadores

Al presentar la denuncia, los senadores consideraron que lo mejor era que se iniciara una investigación en paralelo al caso que estaba trabajando Fossati, porque si bien entendían que en todos los casos había posibilidad de delito, en el caso del espionaje, de confirmarse, era un factor de “erosión democrática”.

También pretendían que la causa estuviera en manos de una fiscalía especializada, sobre todo por “la dotación de recursos”, pero también “porque la propia fiscal ha dicho que tenía mucho trabajo y no daba abasto”, explicó Sánchez. En ese sentido, agregó que se buscaba “generar una carpeta aparte”, para ir en “profundidad”.

El lunes pasado, los senadores tuvieron un cruce con Fossati, porque la fiscal escribió en su cuenta de Twitter que Bergara había cancelado una “citación” y que Carrera la “pospuso”, algo que los legisladores luego negaron.

Sobre el rol de la fiscal en su causa, Carrera señaló que se inició una investigación independiente, que era lo que buscaban y en la declaración de ayer la fiscal le dio “plena garantía que se iban a llevar la investigación y teníamos el rol de víctimas; y que ella está poniendo todo el empeño para realizar esta investigación”.

Por su parte, Bergara entiende que “tiene que haber menos intercambios en la tónica de las redes sociales, que, en general, no ayudan a que el proceso se haga de la mejor forma y en ese sentido todas las partes tenemos que contribuir”. Sostuvo que hay “que dejar actuar a la Fiscalía”, para que lo haga “con ecuanimidad” y “firmeza”, y “sabiendo que cuenta con el respaldo político del Senado, a partir de la declaración que emitió hace algunos días”.