El mismo día que la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) divulgaba los números oficiales de 2025 sobre siniestralidad vial, una delegación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) comparecía ante el Parlamento, en el marco de la discusión sobre el proyecto de ley que presentó la oposición para reducir, en algunos casos, las multas por exceso de velocidad.

El pasado miércoles, la Unasev anunció que la tendencia al alza en la cantidad de siniestros y lesionados, que comenzó en 2020, no interrumpió su crecimiento en 2025. En total, la Unasev contabilizó el año pasado 471 muertes a causa de un siniestro de tránsito, lo cual supone un incremento de 8,5% en comparación al año anterior. En Uruguay la tasa de mortalidad a causa de siniestros de tránsito supera a la tasa de homicidios: 13,5 y 10,3 cada 100.000 habitantes, respectivamente.

En paralelo, en la Comisión de Hacienda y Transporte de la Cámara de Diputados, el director nacional de Vialidad del MTOP, Federico Magnone, defendió, con datos de la propia Unasev, el impacto positivo de los puntos de fiscalización para la disminución de los accidentes “severos” y “fatales”.

De acuerdo a un documento del MTOP que fue presentado a los legisladores, al que tuvo acceso la diaria, en aquellas zonas donde hay puntos de fiscalización de velocidad se registró una caída de 52,9% de los siniestros fatales, así como una disminución de 17,4% de los siniestros severos. En cambio, se mantuvo estable (con apenas una suba de 0,4%) la cantidad de siniestros totales.

“No existe duda de que los dispositivos de control son eficaces para la disminución de los siniestros que más nos preocupan, que son los graves y los fatales. Nos da la pauta para incrementar los puntos de la red en los que esto debería ser necesario, de alguna manera, combatiendo la percepción del usuario de que hay zonas fiscalizadas y zonas no fiscalizadas. El control de velocidad debería ser fiscalizado de la misma manera a lo largo de toda la red vial”, manifestó Magnone en la comisión, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.

En el documento del MTOP también se señala que solamente 7 de cada 10.000 vehículos que pasan por un radar son multados, es decir, el 0,07%. Magnone agregó que, según una medición que realizó en su momento el MTOP, el 56% de los vehículos que circularon en los puntos en los que posteriormente se instalaron radares excedieron la velocidad reglamentaria, por lo que, en definitiva, se pasó de 56% a 0,07%.

El “incentivo” de las matrículas adulteradas

Por otra parte, el director nacional de Vialidad reveló en la comisión que en 2025 “cerca de la mitad de las infracciones cometidas” no pudieron aplicarse debido a que la matrícula del vehículo infractor “estaba adulterada o tapada o no existía”. En concreto, la cartera contabilizó 330.313 vehículos en esta situación, lo cual representa el 48% de la cantidad de incidentes registrados en 2025.

Al respecto, en el documento del MTOP se advierte que actualmente “es más rentable para el usuario el no ser identificado”, es decir, “es mayor el incentivo a adulterar la matrícula”. La multa correspondiente es de cuatro unidades reajustables, unos 7.644 pesos.

La delegación del MTOP les propuso a los legisladores de la comisión aprobar un cambio normativo para que la cartera tenga la facultad de “aplicar multas a titulares de vehículos que circulen con matrícula adulterada en jurisdicción nacional”.

Magnone sostuvo que, en este escenario, “es correcto subir el monto de la multa por matrícula adulterada”. No obstante, puntualizó que “tampoco alcanzaría solo con eso”. A modo de ejemplo, mencionó el factor del desgaste de las matrículas: “Hoy, la persona que voluntariamente quiere sustituir su matrícula por una en buen estado no tiene un trámite fácil para hacerlo. De hecho, le sale más de 5.000 pesos y tiene que cambiar la matrícula, no mantiene el número, tiene que hacer una libreta nueva; implica días, con suerte, hacer el trámite en la intendencia que le toque”, expresó.

En ese sentido, el jerarca consideró que, en conjunto con el Congreso de Intendentes, el Poder Ejecutivo podría trabajar en “algún mecanismo que nos permita asegurar que las matrículas estén en buen estado”.