“Hemos creado centenas de nuevas plazas en todo el país”, aseguró el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ante la Asamblea General al referirse al crecimiento de la población carcelaria y a cómo ha trabajado su gobierno para paliar la situación en tal sentido. Fuentes del Ministerio del Interior (MI) brindaron los datos a pedido de la diaria Verifica, de los cuales se desprende que se han creado 899 plazas en los centros penitenciarios (779 masculinas y 120 femeninas).
Una simple revisión de algunas de las medidas que se llevaron a cabo permite concluir que es verdadero que se han agregado centenares de plazas (basta contabilizar las 150 plazas de la Cárcel de Tacuarembó inaugurada en 2023 y la suma de poco más de 60 plazas femeninas en las unidades 5 y 9 de Montevideo el mismo año), aunque aún están lejos de ser suficientes. En diciembre de 2023, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, señaló que se construirían 2.671 plazas antes de marzo de 2025. Con la incorporación de las casi 900 plazas mencionadas por el MI, Uruguay cuenta con 12.500 plazas actualmente.
A continuación, la situación actual y la proyección estipulada por el MI:
A pesar de estos datos, la realidad carcelaria dista de ser ideal. La sobrepoblación y el hacinamiento siguen a la orden del día, según ratificó el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, en diálogo con la diaria Verifica. Ya en el informe anual de 2022, cuando hubo un récord en el que se superó el umbral de 400 presos cada 100.000 habitantes, se anticiparon algunas tendencias que hoy permanecen vigentes: entonces Uruguay se ubicó como doceavo país en el ranking mundial de prisionización, pero en 2023 Uruguay pasó al décimo lugar. La tasa de prisionización, consistentemente, también aumentó.
“En el último período, desde 2018, la densidad del sistema ha ido aumentando y al menos desde 2020 la cantidad de población supera ampliamente la capacidad de alojamiento del sistema”, explicaba el informe.
Para entonces la población carcelaria era de alrededor de 14.400 personas, y en 2023 tuvo picos por encima de los 15.500 entre noviembre y diciembre. Con una densidad, según plazas habilitadas, en torno al 130% (de acuerdo a datos del comisionado parlamentario penitenciario), hablamos de un déficit de alrededor de 3.000 plazas.
Pese a todo, “la superpoblación carcelaria no es nueva”, dijo el mandatario en su discurso. Y tiene razón.
Según los informes del comisionado parlamentario, la población carcelaria ha aumentado constantemente en los últimos 20 años. “La respuesta punitiva ha sido muy consistente y transversal a todos los partidos políticos, la medida hegemónica que ha tomado Uruguay en los últimos 30 años”, explicó Ana Juanche, especialista en materia carcelaria y directora del INR entre 2016 y 2020, a la diaria Verifica.
Datos sobre delitos y medidas alternativas
Con relación a los datos sobre delitos, el mandatario señaló: “En comparación con 2019, los hurtos bajaron un 20%, las rapiñas, casi un 27%, el abigeato, 50%, el hurto de vehículos, un 24% y los homicidios –lo que nos ha generado más problemas, las consecuencias más graves–, con respecto a 2019, bajaron un 3%”.
Si bien todos estos datos coinciden con los publicados oficialmente por el MI, la combinación de la mención del delito a la baja y la fuerte caída de algunos de ellos pudo hacer parecer como una mejora el número en las estadísticas sobre homicidios. A excepción del pico de 2018, con más de 420 homicidios, dirigentes del oficialismo, como Graciela Bianchi y Julio María Sanguinetti, habían reconocido en estas páginas que los datos son coincidentes con los del período anterior.
Por su parte, los datos disponibles en la web del MI permiten analizar, como dijo el presidente, la película más allá de la foto. En ese sentido, los hurtos y las rapiñas equipararon los valores actuales a los de 2017, mientras que en 2018 y 2019 se produjeron picos y saltos pronunciados. Por otro lado, el abigeato sí bajó considerablemente en comparación a todos los períodos previos.
El único dato que publica el MI y no fue consignado por el discurso presidencial es el de violencia doméstica, que viene subiendo consistentemente a lo largo de los años y que, en el período de gobierno de la coalición, creció en el orden del 8%.
Entre los pros en política carcelaria, Petit mencionó un fuerte trabajo con liberados a través de la Dirección Nacional de Liberados, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y en el área de medidas alternativas a la privación de la libertad. Es una forma de atender la política punitiva desde otro foco que no sea la privación de la libertad, tal como sugieren las recomendaciones de organismos internacionales en la materia.
Desde la Dirección Nacional de Medidas Alternativas informaron a la diaria Verifica que hoy controlan a 9.289 personas en esa condición. Este número incluye a 1.194 personas que cumplen penas de prisión o arresto domiciliario (con o sin tobillera) y 8.095 personas con medidas alternativas que van desde tareas comunitarias a libertades vigiladas o a prueba.
Para Juanche, estas medidas han crecido debido a que “la LUC modificó varios de los institutos que tenían correlato directo con las medidas alternativas, dejó sin efecto la suspensión condicional del proceso, eliminó las libertades vigiladas y a cambio de eso están las libertades a prueba”. Agregó que “el tema de las medidas alternativas es que aumentan como sube todo el escenario punitivo. Lo que aumenta es la punitividad: todas las conductas que son reprochables y sancionadas penalmente. Si bien el elenco de delitos y la circunstancia en que puede ser aplicada es más reducido, también un escenario de mayor punitividad y a la vez más grave amplifica las medidas alternativas. En criminología se llama ensanchamiento de red. Es una consecuencia de la inflación punitiva: de la prisionización y otras sanciones penales”.
En línea con los datos del comisionado y del MI, Juanche explica que el crecimiento punitivo y, por ende, de la población carcelaria y las medidas alternativas ocurre desde hace décadas en Uruguay. “Es la visión hegemónica en cómo trabajarlo y es algo regional”, explicó.