La semana pasada se confirmó el cierre de la emisora M24, una radio de referencia para la audiencia de izquierda y vinculada, por distintas vías, desde hace dos décadas con el Movimiento de Participación Popular (MPP). Esto derivó en una serie de críticas, primero por parte de los propios comunicadores de la radio, quienes fueron despedidos 48 horas antes de la última emisión, y luego por los seguidores de la emisora.
De hecho, la medida se anunció dos semanas después de que el Buró de Medios divulgara un estudio realizado por Factum sobre el consumo de medios radiales en Uruguay, en el que se arrojaba que M24 se ubicaba dentro de las 10 emisoras más escuchadas, así como la tercera con mayor audiencia entre las radios periodísticas. Durante 2025, aumentó un 40% su audiencia promedio y tuvo picos de rating que superaron los 32.000 oyentes por hora.
Estos resultados no impidieron que los responsables tomaran la decisión de cesar las transmisiones y despedir a los más de 40 trabajadores de la radio, quienes decidieron despedirse de la audiencia durante la jornada del lunes 24 de noviembre. En ese contexto, surgieron críticas a la dirección del MPP por la medida. Mientras algunos usuarios de redes sociales aseguraban que el sector solamente arrendaba la frecuencia y no era el permisario, se conocieron los documentos que demuestran que la titularidad de la radio pasó en los últimos años efectivamente a manos de dirigentes del MPP.
El director del Observatorio de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), Gustavo Gómez, divulgó las resoluciones de la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (URSEC) en las que figuran los titulares de la frecuencia 97.9 FM de Montevideo y 102.5 FM de Maldonado. De acuerdo a la documentación, la primera frecuencia pertenece en su totalidad a Bonimar S.A., propiedad de Andrea Martini Guigou, mientras que la señal de Maldonado pertenece a El Cambio UY SRL, cuyo paquete accionario se divide en un 99% perteneciente a Martini y en 1% a Sergio Damián Rojas.
Ambos integran la estructura partidaria del MPP. Martini participa de las finanzas, mientras que Rojas está contratado en calidad de adscripto a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, así como sus nombres pueden ubicarse en listas del Espacio 609. Además, el sector ejercía el control de la Radio Claridad (90.9 FM) de Colonia, cuyo titular es el senador y excandidato a intendente Nicolás Viera en un 67%.
“Ellos formalizaron claramente durante estos años la situación dentro de las radios. Empezaron alquilando y terminaron comprando. Eso se reflejó en un cambio de la titularidad, que dejó a personas muy destacadas del partido a cargo de secciones en las tres radios”, relató Gómez a la diaria Verifica, aunque destacó que la situación de la titularidad “es más prolija que muchas radios”.
Todas las frecuencias fueron adjudicadas en la década del 90 y su titular original fue Luis Calachi, un empresario cercano a José Mujica y director de la Zona Franca de Florida, quien cedió durante años un espacio en la programación para que el expresidente hiciera su audición “Hablando al Sur”. Calachi, ahora ya fallecido, en 2011 durante el gobierno de Mujica se peleó con la Dirección General Impositiva.
En 2016 el MPP tomó control directo de las emisoras, inicialmente a través de su arrendamiento y luego a partir de su compra definitiva en 2019. Por otra parte, Radio Claridad de Colonia estaba bajo la órbita del sector desde 2013.
La historia llegó a su fin el 21 de noviembre cuando se hizo público que cesarían las transmisiones. El 24 de noviembre, debido a las críticas por los despidos de trabajadores, a través de las redes sociales de la emisora se divulgó un comunicado en el que explicaron que el cierre se debió a que la radio “requirió siempre de una altísima inversión”. “Su resultado económico fue deficitario mes a mes y la cantidad de anunciantes siempre fue reducida”, afirmaron en el mensaje.
El pasado jueves la propia Lucía Topolansky se refirió a este tema y si bien no negó el control de su sector sobre la radio, afirmó que “en realidad eso es una empresa”. Asimismo, dijo que “el mercado de los comunicadores ha tenido cambios todo el tiempo” y que en otros casos no ha visto “todo ese lagrimeo”.
Plazos de transferencia y posibilidad de extranjerización
De acuerdo a versiones que circularon en la prensa los responsables de la radio cerraron un acuerdo con el grupo El Observador, propiedad de los empresarios argentinos Gerardo Werthein, excanciller de Javier Milei; y Gabriel Hochbaum, entre otros. Consultada sobre esto por Radio Sarandí, Topolansky dijo que “si los que te van a comprar una casa, una planta industrial, un almacén, o lo que fuere, lo primero [que ves] no es de qué pelo político, vos miras el negocio”. Desde ese medio negaron que existiera un acuerdo cerrado y que hubieran pedido que se terminara con la programación y los contratos, y dejaron trascender que la situación “complicaba” el negocio, pero que si ordenaban las cosas, podrían volver a estar interesados.
La normativa vigente exige una serie de pasos a cumplirse con plazos que, de iniciarse hoy el trámite de transferencia, culminaría en una fecha posterior a la señalada, 1° de enero de 2026, en la que los nuevos propietarios comenzarían a operar.
A partir de firmado el acuerdo, la URSEC cuenta con un plazo de 30 días corridos para la revisión de los requisitos. Tanto las personas físicas como los accionistas de las personas jurídicas deben ser ciudadanos legales o residentes extranjeros con un mínimo de cinco años consecutivos, según lo establece el artículo 9 del Decreto 31/025. En caso de que hayan observaciones, se abre un periodo de 10 días corridos a partir de la notificación electrónica para solicitar su levantamiento.
Posteriormente, se abre un periodo de entre 10 y 30 días “consulta pública” en el que URSEC debe disponibilizar la información a la ciudadanía a través de su sitio web para que cualquier interesado pueda exponer sus observaciones. Esto es seguido de un plazo de 30 días para que el organismo eleve el informe al Poder Ejecutivo, que contará con otros 90 días para emitir resolución, establecidos en el artículo 21 de la Ley N°20.383. Asimismo, los interesados dispondrán de un plazo máximo de cuatro meses para comunicar al Poder Ejecutivo el otorgamiento del negocio definitivo.
Por otra parte, ese mismo artículo advierte sanciones en caso de que se demuestre que el operador adquirente tomó el control de una frecuencia previo a la autorización de transferencia del Ejecutivo, provocaría la “nulidad absoluta” del trámite. El texto señala que “la comprobación de la realización de cualquier acto que permita que directa o indirectamente la operación, el funcionamiento o la administración del servicio de difusión de contenido audiovisual estén a cargo de persona no autorizada habilitará la revocación de la licencia otorgada para prestar el servicio”.
Sin embargo, Gómez opinó que el procedimiento formal “no es lo que pasa en general”. “En la práctica el que compra ya se hace cargo de la radio y después inicia el proceso de regularización”, afirmó, aunque señaló que en este caso ve “muy poco posible” que se salteen el procedimiento formal. “El MPP está en el gobierno y el tema de la transferencia fue público, va a estar todo el mundo muy atento”, añadió. Y opinó que sería “un dolor de cabeza para el gobierno” que los compradores comiencen a operar en enero sin la aprobación del Poder Ejecutivo.