Facundo Franco

Angie estaba preocupada por contar cuántos varones y mujeres había en la sala.

La posibilidad política de crear una Universidad de la Educación (Uned) que dé estatus universitario a la formación de los docentes revivió, cuando al inicio de la gestión de Tabaré Vázquez parecía que quedaría para otro momento. Después de que al final de la legislatura anterior la iniciativa naufragara en el Parlamento por el desacuerdo para dotar al organismo de autonomía y cogobierno, las declaraciones de las nuevas autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) apuntaron a evitar la creación de la Uned en el actual período.

El informe que, en colaboración con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), realizó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el uso de los recursos educativos en Uruguay, que, entre otras cosas, aconseja la “suspensión” de la participación docente en el gobierno de la educación y gastar eficientemente los recursos, generó malestar en Elizabeth Ivaldi, actual representante electa por los docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, anunció el lunes en el consejo de facultad que renunciaría a su cargo después del 27 de junio, cuando se cumplan seis años desde que asumió ese cargo. Si bien en el consejo fue más escueto a la hora de explicar los motivos de su decisión, Arim hizo saber a sus allegados que su determinación de renunciar se debe principalmente a “comportamientos corporativos y rentistas” de algunos consejeros docentes y a que no quiere, como decano, avalar esos “funcionamientos perversos”.

Como ocurre más o menos cada dos años, el miércoles 4 de mayo la Universidad de la República celebrará elecciones para elegir a los integrantes de los órganos de cogobierno de sus distintos servicios. Buena parte del país se verá movilizada por el acto eleccionario, que tiene carácter obligatorio para las facultades o institutos asimilados a facultad y para las escuelas que dependen de ambos tipos de servicios.

Algunas de las modificaciones impulsadas por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) a la Ley de Derechos de Autor que fueron aprobadas por la Cámara de Senadores semanas atrás generaron debate, principalmente después de que el mismo día de la votación en el Senado, la Cámara Uruguaya del Libro cuestionara la iniciativa. Además, varios autores emitieron una nota en la que se cuestiona la ley, que fue firmada por escritores. La FEUU y la Cámara Uruguaya del Libro buscarán acuerdos sobre derechos de autor en los puntos donde hay discrepancias.

Fernando Miranda fue electo por unanimidad director del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes de la Universidad de la República a fines de febrero, por lo que sucedió a Samuel Stern, quien cumplió los dos períodos de corrido autorizados por la normativa universitaria. En entrevista con la diaria, Miranda habló de sus planes al frente de la institución, entre los que destaca la idea de concretar la creación de la Facultad de Artes, un proyecto que viene de larga data pero que aún no se ha puesto en marcha.

El Senado aprobó cambios a Ley de Derechos de Autor que favorecen el acceso a materiales de estudio. Si bien contó con el apoyo de todos los legisladores en su consideración general y en la mayoría de los artículos en particular, hubo algunos apartados que no contaron con los votos de la oposición. Entre ellos los que eliminan las penas y sanciones por reproducciones para uso personal sin autorización del autor. Por otro lado, la Cámara Uruguaya del Libro dio una conferencia de prensa en la que planteó que son modificaciones inconstitucionales.

Una delegación de la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) concurrió ayer a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes para exponer sobre la situación cotidiana en los liceos y sobre el vínculo con las autoridades del Consejo de Educación Secundaria. La comisión también recibió a autoridades educativas que fueron consultados sobre las políticas de repetición del organismo.

Después de que en enero de 2008 fuera promulgada la Ley Nº 18.232, más conocida como Ley de Radiodifusión Comunitaria, las radios comunitarias que hasta el momento eran consideradas “clandestinas” o “piratas” tuvieron la oportunidad de regularizarse y fueron reconocidas por el Estado como un actor más de la radiodifusión uruguaya, algo que fue ratificado en 2014 por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, la era de la legalidad también trajo nuevos desafíos para las emisoras comunitarias, que tuvieron que hacer frente a requisitos de equipamiento y de obligaciones impositivas. El libro "¿Qué radios para qué comunidades?" da cuenta de los desafíos que vive el sector.