Uno a uno: los momentos más críticos del gobierno de Luis Lacalle Pou

“Las nubes pasan, pero el azul queda”, dijo Luis Lacalle Pou tras ganar las elecciones de noviembre de 2019. La frase, acuñada por su bisabuelo, el líder nacionalista Luis Alberto de Herrera, podría usarse también para ilustrar algunos episodios de su gobierno, marcado por grandes tormentas que, más de una vez, lo pusieron a prueba. A pocos meses de finalizar el mandato y en el cierre del año, en esta nota hacemos un breve repaso de los principales momentos críticos del gobierno durante el último quinquenio.

Marzo de 2021: concesión de la terminal especializada del puerto a Katoen Natie

El gobierno de Lacalle Pou extendió la concesión del puerto hasta 2081, un acuerdo para evitar una demanda internacional contra el Estado y buscar que la empresa belga invirtiera 460 millones de dólares. El acuerdo fue criticado por el Frente Amplio (FA), cuyos legisladores denunciaron “secretismos” en el proceso de negociación e impulsaron la interpelación del entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, que defendió la concesión como “la mayor inversión en la historia del puerto”. Los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara presentaron una denuncia judicial que posteriormente fue archivada. Asimismo, la empresa competidora, Montecon, presentó varias demandas internacionales contra el Estado que suman 840 millones de dólares.

Abril de 2021: récord de muertes por covid-19

Luego del primer año de gobierno, que comenzó prácticamente con la declaración de la emergencia sanitaria por covid-19, los casos escalaron rápidamente y rompieron todos los récords en abril de 2021: la tasa de muertes acumuladas por millón de habitantes creció casi dos veces y media, y las muertes en el mes superaron al total del año anterior. El FA demandó la puesta en marcha de políticas de reducción de la movilidad para poner freno a las “muertes evitables”, algo que Lacalle Pou tildó de “carancheo”. Si bien el entonces ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, reconoció ante el Parlamento que dichas medidas hubieran influido 15% en la reducción de la mortalidad, desde el gobierno se prefirió continuar con la campaña de vacunación y apostar a la “libertad responsable”.

Agosto de 2021: renuncia de Germán Cardoso al Ministerio de Turismo

Cardoso renunció tras una denuncia del exdirector nacional de Turismo Martín Pérez Banchero, quien sostuvo que recibió presiones por parte del exministro para que aprobase compras directas por “montos importantes” con las que no se encontraba de acuerdo, como el pago de 280.000 dólares a la empresa estonia Kirma Services por servicios de publicidad en plena pandemia. La compra fue observada por la Unidad de Prevención al Lavado de Activos del Banco República y nunca se concretó. El caso fue derivado al fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, que si bien entendió que podían existir “irregularidades desde el punto de vista administrativo”, no había “delitos que ameriten un reproche penal” y, por lo tanto, archivó el caso.

Diciembre de 2021: el cierre de Casa de Galicia

Una resolución judicial decretó el “cese inmediato” de las actividades de Casa de Galicia y el gobierno debió negociar con sindicatos, usuarios de la mutualista y el Parlamento en torno a la distribución de los usuarios y los trabajadores, así como el pago de salarios. El expresidente de Casa de Galicia Alberto Iglesias dijo en diferentes entrevistas que el gobierno trabajó intencionalmente para concretar el cierre de la mutualista y así garantizar su posterior adquisición por el Círculo Católico, razón por la que anunció una demanda contra el exministro de Salud Pública Daniel Salinas. Iglesias fue imputado a principios de este año por la Fiscalía Especializada de Delitos Económicos y Complejos, a partir de una denuncia cursada por el Ministerio de Salud Pública por “múltiples y presuntas irregularidades” cometidas por las autoridades de la mutualista “en detrimento del patrimonio de la institución”.

Marzo de 2022: el caso Sebastián Marset

Luego de ser detenido en Dubái con un pasaporte paraguayo falso, Sebastián Marset solicitó la expedición de un pasaporte al consulado uruguayo en los Emiratos Árabes Unidos, asistido por su abogado, Alejandro Balbi. El líder del Primer Cartel Uruguayo ya contaba con un largo prontuario antes de cobrar notoriedad pública: receptación, tenencia, tráfico de estupefacientes y homicidio. Sin embargo, y contra las recomendaciones del consulado, la cancillería le entregó el documento, que Marset utilizó para evitar su condena e irse del país. El caso llevó a la interpelación de los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, quienes dijeron desconocer los antecedentes del narcotraficante al momento de otorgar el documento. Sin embargo, en noviembre de 2023, la exvicecanciller Carolina Ache presentó a Fiscalía una serie de chats y conversaciones que mostraban que las autoridades conocían los antecedentes de Marset.. El episodio llevó a las renuncias de Bustillo, de Luis Alberto Heber, del subsecretario, Guillermo Maciel, y del asesor en comunicación y estrategia presidencial, Roberto Lafluf.

Setiembre de 2022: el caso Astesiano

El excustodio presidencial fue detenido como parte de una investigación en torno a una red de falsificación de documentos uruguayos para ciudadanos rusos. La pesquisa sobre su celular descubrió un entramado de ilícitos dentro de la Torre Ejecutiva que motivó múltiples líneas de investigación que continúan abiertas en Fiscalía. Astesiano contrató a la empresa Vertical Skies, integrada por militares retirados, para espiar y perjudicar a los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara como denunciantes en la causa que investigaba el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie. También solicitó coimas a un empresario para garantizar la adjudicación de obras en la ruta 9. Los delitos cometidos por Astesiano llevaron a que fuera condenado a cuatro años y medio de prisión por la exfiscal Gabriela Fossati, quien tampoco estuvo exenta de polémica: tras varios cuestionamientos por su manejo del caso, la exfiscal renunció a su cargo para integrarse a las filas del Partido Nacional (PN), las que luego abandonó para apoyar la candidatura presidencial de Andrés Ojeda.

Setiembre de 2022: Montepaz y la “fábrica de chicles”

La controversia se dio luego de que Lacalle Pou promulgara un decreto que flexibilizó las normativas relativas al empaquetado de cigarrillos en favor de la industria tabacalera. El mandatario tildó de “panfletarios” a quienes consideraban sus efectos perjudiciales a la salud pública y dijo que tales argumentos formaban parte del “combate político constante hacia el gobierno”. Consultado sobre si el objetivo fue favorecer a la tabacalera Montepaz, que en 2019 donó 14.531 dólares a su campaña, Lacalle Pou ironizó: “No, me lo pidió una fábrica de chicles”. La aplicación del decreto fue suspendida en 2022 luego de que la Sociedad Uruguaya de Tabacología presentara un recurso de revocación ante la Justicia, proceso que aún continúa.

Enero a junio de 2023: la crisis hídrica

La crisis se originó a principios de 2023: a causa de la escasez de lluvias, las reservas de Paso Severino se vieron agotadas y el gobierno de Lacalle Pou buscó la forma de sobrellevar la situación, que culminó con la declaración de la emergencia hídrica en junio. Durante los meses que ocupó la crisis –que se prolongó hasta agosto–, se autorizó a OSE a incrementar los valores de salinidad en el agua, algo que suscitó polémicas luego de que el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, dijera que era “bebible” pero no “potable”.

También se anunció la construcción de infraestructura de trasvase que, pese a haberse anunciado que llevaría una semana, se terminó meses después, y la adquisición de una planta desalinizadora. Finalmente, esa adquisición no se concretó, ya que, según dijo el entonces secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en esa oportunidad, la infraestructura no entraba en los aviones de la Fuerza Aérea “por 15 centímetros”.

Mayo de 2023: la renuncia de Irene Moreira al MVOT

Moreira presentó su renuncia al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) luego de que trascendiera que había entregado una vivienda de forma “arbitraria” a una militante cabildante. En un correo electrónico, al que pudo acceder la diaria, la exministra manifestaba su interés en otorgar “el cupo reservado del complejo Nueva York esquina Yi de dos dormitorios” a la beneficiaria. A pesar de que Moreira argumentó que se cumplían determinados requisitos que justificaban su accionar, una investigación interna posterior a la renuncia determinó que la exministra no siguió los “criterios establecidos” y que hubo “abuso y exceso de poder” en la asignación de la vivienda. Sus explicaciones tampoco fueron suficientes para Lacalle Pou, quien solicitó su renuncia. En respuesta, Moreira aseguró en rueda de prensa que “volvería a tomar la misma decisión” y tildó el caso de “una nueva operación de desprestigio” contra Cabildo Abierto.

Junio de 2023: el caso Penadés

La exmilitante nacionalista Romina Celeste Papasso denunció públicamente que el entonces senador nacionalista Gustavo Penadés la explotó sexualmente cuando tenía 13 años, lo que motivó una investigación de oficio por parte de la Fiscalía. Penadés negó las acusaciones en una conferencia de prensa celebrada en el Palacio Legislativo y fue respaldado por el entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que tachó la denuncia de “difamación”, y el presidente Lacalle Pou. Luego ambos se retractaron. A raíz de la denuncia, múltiples víctimas se sumaron a la causa, y el desafuero de Penadés fue aprobado por unanimidad en el Senado. El exsenador fue imputado como autor de múltiples delitos sexuales y condenado con prisión preventiva tras descubrirse que había montado una operación parapolicial para entorpecer la investigación. De no haber una prórroga, Penadés será liberado el 6 de febrero, mientras que la pesquisa continúa.

Agosto de 2023: contrataciones directas en Salto Grande

El caso tuvo en la mira al nacionalista Carlos Albisu, designado por Lacalle Pou como presidente de la delegación uruguaya a la Comisión Técnico Mixta (CTM) de Salto Grande, organismo desde el que concretó una treintena de designaciones directas a personas cercanas políticamente. Luego de acusar un “uso oportunista” de la situación para “atacar” al gobierno, Albisu renunció a su cargo un mes después. Actualmente es candidato a la Intendencia de Salto por el PN.

Junio de 2024: los chats de Lacalle Pou con Astesiano y el espionaje a Abdala

Astesiano utilizó el sistema de cámaras de vigilancia del Ministerio del Interior (MI) con el objetivo de rastrear y vincular al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, con bocas de venta de droga en la Ciudad Vieja, luego de que protagonizara un accidente de tránsito en febrero de 2022. El excustodio presidencial montó un operativo para incriminar a Abdala con el conocimiento de Lacalle Pou, según informó la diaria. Luego de trascender la información, el presidente relativizó los hechos y dijo que no iba a “bailar todo el tiempo con la música de quienes están filtrando información”.

Diciembre de 2024: renuncia del presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic

En el último mes del año presentó su renuncia el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, al directorio del ente, luego de que el resto del directorio oficialista de la estatal acatara un exhorto del Poder Ejecutivo en el que se dispuso que la compañía no participará en la construcción de una planta de energías renovables en Paysandú por la empresa privada HIF Global. Este movimiento también motivó tensiones entre la ministra de Industria saliente, Elisa Facio, y el propio Stipanicic, a quien acusó de manejar el tema “con mucho secretismo”. El expresidente del ente, por su parte, dijo sentirse “frustrado”, dado que desde el Ejecutivo “no se respetó la institucionalidad”.