Editorial

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A la miserable tentación mercantil de intentar conocer la verdad a cambio de una renuncia a la justicia se le sumaría otro paso atrás: el proyecto de los senadores de Cabildo Abierto de amnistiar a los militares violadores de los derechos humanos.

Es grave que opiniones como las del ministro García sean expresadas desde el Poder Ejecutivo, no sólo porque su contenido es perjudicial para la convivencia democrática y viola derechos de las víctimas, sino también porque implican una presión indebida sobre quienes deben juzgar los crímenes del terrorismo de Estado.