Buen día. Esta es una invitación a repasar algunos temas que nos tuvieron ocupados durante los últimos días.

Empecemos con un hecho terrible, ocurrido varias décadas atrás, sobre finales de la dictadura, y que sigue teniendo repercusiones en nuestros días. El asesinato bajo tortura del médico Vladimir Roslik fue tratado de manera muy irregular por la Justicia Militar en su momento, y un intento de reabrir la causa fue desestimado en los últimos días; sin embargo, podría haber una nueva posibilidad de que vuelva a la Justicia bajo el nuevo código del proceso.

Aunque ello no ocurra, el episodio tuvo una consecuencia notoria esta semana, cuando el ministro de Defensa, Javier García, debió cesar al presidente del Supremo Tribunal Militar, Daniel Castellá, debido a que se encontró -tras un pedido de acceso a la información que realizó la diaria-, que había estado presente durante las torturas a Roslik. Leonardo Haberkorn, quien cursó el pedido, amplió su investigación sobre el tema en nuestra edición del sábado, y revela que el asunto es mucho más grave, por la cantidad de involucrados y la razón que los convocó, de lo que muchos pensábamos.

El viernes cobraron protagonismo dos espacios políticos como posibles ámbitos de negociación para tratar problemas presupuestales surgidos las últimas semanas. Por un lado, la coalición gobernante buscará achicar sus cada vez más visibles diferencias y coordinar la defensa de la Ley de Urgente Consideración en una “mesa de negociación” entre legisladores oficialistas y el Poder Ejecutivo.

Aunque fue reclamada insistentemente por los socios menores del herrerismo desde febrero de 2020, ese grupo de coordinación se anuncia recién en la semana 74 del actual gobierno. El Congreso de Intendentes, en cambio, fue creado formalmente hace más de un cuarto de siglo, y ahora el jerarca comunal de Canelones, Yamandú Orsi, lo propone como instancia para desactivar los diversos boicots a fideicomisos para la realización de obras en varios departamentos del país.

El jueves, el presidente, Luis Alberto Lacalle Pou, concedió una entrevista a La Nación en la que afirmó haber ahorrado 600 millones de dólares en 2020. Desde la oposición se llamó la atención sobre el hecho de que jactarse de ahorrar en medio de una crisis sin precedentes tal vez no sea lo más sensato. Además, Lacalle dijo en esa entrevista que había conseguido ahorrar sin poner impuestos, lo que también fue puesto en cuestión, no solo por sus adversarios políticos, sino por sus propios anuncios del viernes sobre una nueva suba del combustible por encima de lo recomendado. A esto hay que sumarle las polémicas declaraciones del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, sobre un tema conexo, que también aportan pistas sobre la idea de ahorro y superávit que maneja el equipo de Lacalle.

El lunes circuló un informe del Ministerio de Salud Pública sobre lo que en otros países se llama “exceso de muertes” debido al coronavirus. En la primera mitad de este año, los fallecimientos fueron 38% más que lo esperable de acuerdo a las cifras de años anteriores en Uruguay. Las muertes por covid-19 fueron un 22%, y además se incrementaron los decesos por otras causas, debido a que no se pudo tratar adecuadamente diversas enfermedades.

Tal vez recuerden que cuando en marzo de 2021, en momentos en que el aumento de la cantidad de muertes y contagios se reclamaba medidas que nunca llegaron, desde el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) se hizo una campaña para concientizar a la población sobre la saturación de los servicios de salud. Entonces, diversos integrantes del oficialismo --más incontables trolls en las redes sociales-- acusaron a los médicos de buscar asustar a la población para desestabilizar al gobierno. El propio Lacalle intervino en el asunto, al dar su respaldo tácito a las fracciones que pretendía disputar la dirección del SMU.

Habrá que estudiar qué impacto tuvo esa participación presidencial en una interna gremial, pero lo cierto es que -gracias o a pesar del apoyo de Lacalle-, la agrupación que conducía el SMU no solo no fue desplazada, sino que vio incrementado su respaldo en las elecciones del jueves, y así la infectóloga Zaida Arteta se convirtió en la primera mujer electa presidenta del gremio médico.