El miércoles, varios integrantes del gobierno concurrieron al Senado a dar explicaciones por el “caso Astesiano”, pero, en lo sustancial, seguimos sabiendo lo mismo que antes sobre cómo llegó a tener tanta proximidad con el presidente de la República un hombre que poseía notorios antecedentes criminales y que integraba, hasta que fue procesado, una red delictiva que operaba en las oficinas del Poder Ejecutivo.

Durante buena parte de su intervención, Rodrigo Ferrés, prosecretario de Presidencia, se dedicó a negar que Astesiano era el jefe de seguridad presidencial, aunque así figura en varios documentos oficiales. Por su parte, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, destinó sus esfuerzos a convencer a los senadores de que la red que integraba Astesiano había sido conformada antes de su ingreso como… jefe de seguridad presidencial.

Este, y otros episodios recientes, como el del enfrentamiento del ministro de Desarrollo Social con la Coordinadora Popular y Solidaria de ollas populares, acercan al gobierno a un tipo de manejo de la información que socava las instituciones democráticas.

Más allá de los esfuerzos gubernistas por minimizarlo, en el mundo real el “caso Astesiano” sigue produciendo novedades judiciales. Por eso, cuando el expresidente Sanguinetti afirma que el país sale fortalecido del caso Astesiano, uno puede apuntar que hay más optimismo en el verbo “salir” que en el calificativo “fortalecido”.

Como el “caso Marset”, el “caso Astesiano” señala las conexiones entre organizaciones criminales y elementos cercanos al gobierno; sobre la necesidad de blindar al sistema político en este frente habla el contador Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública.

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