Lo que por esta época del año solemos llamar “Rendición de cuentas” incluye no sólo un balance de lo actuado por el gobierno, como sugiere la frase (de hecho, el nombre completo es “Rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal”), sino una ley que introduce y modifica asuntos muy diversos y numerosos. La de este año, si se aprueba íntegramente, tendrá 459 artículos; pensemos que la ley de urgente consideración, tan criticada por su extensión, tuvo apenas 19 artículos más.

Aunque en las horas previas diversos actores sociales y políticos especularon sobre su contenido, la publicación del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados el jueves por la noche hizo que muchos de ellos, más una buena cantidad de periodistas especializados -incluídos los de nuestra redacción- dediquen desde entonces buena parte de su energía a peinar en busca de novedades los PDFs que colgó el Ministerio de Economía y Finanzas.

Así, aparecieron algunas sorpresas y confirmaciones.

Entre las primeras se encontró que, a pesar de que se había anunciado que habría mayor apoyo a la educación, se congeló en pesos el presupuesto de la Universidad de la República.

Tampoco era previsible que la ley propusiera la militarización de la guardia republicana.

Sí era esperable que hubiera novedades en cuanto a la llamada “ley de medios”, que los partidos que ahora gobiernan venían cuestionando desde su aprobación en 2014, pero no que se determinara derogarla completamente y volver a la normativa diseñada por la dictadura, que permite la concentración de empresas de comunicación y la opacidad en la concesión de frecuencias.

Seguramente surjan otros aspectos controvertidos en esta ley, que viene marcada, como muchas decisiones recientes del gobierno, por prejuicios ideológicos contra lo público, como explica el editorial de nuestra edición de fin de semana, pero ya es señal atendible que diversos integrantes del oficialismo, como el senador nacionalista Jorge Gandini, el diputado colorado Martín Melazzi y el ministro de Ambiente, Adrián Peña, hayan mostrado sus discrepancias con el ánimo de esta Rendición respecto al presupuesto de la Udelar, a la reglamentación de la comunicación y a los recursos destinados a los controles ambientales.

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