Como si hiciera falta reforzar los reclamos de memoria y justicia que resonaron el 20 de mayo, dos sucesos de la semana que termina vienen a recordárnoslos.

Por un lado, una iniciativa del Poder Ejecutivo que busca “abrir” indiscriminadamente documentación generada por la dictadura dio pie a una discusión entre sus partidarios y quienes opinan que es perjudicial dar a conocer información personal redactada con fines de persecución política).

Los argumentos recuerdan a los que recogimos en 2017, cuando fueron “liberados” de hecho los “archivos Berrutti”. Entonces, consultamos a cuatro historiadores.

Por otra parte, se reavivó el debate en torno al proyecto presentado por Cabildo Abierto y modificado por el Partido Nacional que busca que los detenidos por crímenes de terrorismo de Estado pasen a régimen de prisión domiciliaria. Tras el cimbronazo que sufrió a principios de este año, cuando Adrián Peña debió abandonar la titularidad del Ministerio de Ambiente, el sector Ciudadanos del Partido Colorado retomó la línea con la que busca diferenciarse de las iniciativas más conservadoras de la coalición gobernante y anunció que no lo votará si no se excluye explícitamente del beneficio a quienes violaron los derechos humanos.

Aquí Marcelo Pereira explica por qué la redacción actual del proyecto favorece a los militares presos a pesar de que el texto parece no hacerlo.

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