Como saben, el 2 de setiembre el presidente Luis Lacalle Pou firmó un decreto que flexibiliza las restricciones impuestas al empaquetado de cigarrillos en los gobiernos frenteamplistas, como parte de una intensa campaña contra el tabaquismo liderada por Tabaré Vázquez.

Que la decisión de Lacalle era controversial lo dejaban claro no sólo los cuestionamientos de especialistas y opositores, sino también la agresiva reacción que tuvo el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, con una periodista que le preguntó por la relación entre el decreto y los deseos de la tabacalera Montepaz.

Delgado debió pedir disculpas, pero luego hubo una intervención del propio Lacalle que también se salió del tono habitual: el presidente admitió de forma irónica el vínculo con la tabacalera. Es posible que Delgado se haya quedado pensando sobre las diferencias de estilo con el correligionario al que busca suceder, pero la oposición reaccionó inmediatamente al “canchereo” de Lacalle, y la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, recordó que la opinión del universo médico es contraria al afloje frente al tabaquismo.

La razón manifiesta para el cambio de la normativa antitabaco es el combate al contrabando, pero se trata de un argumento inconsistente y que contradice los lineamientos vigentes a nivel nacional e internacional. (Por si fuera poco, el jueves se supo que hubo otra decisión presidencial compleja relacionada con el contrabando).

Favorecer a una tabacalera tendría, además de un impacto sanitario todavía no calculado, una primera “víctima” colateral: la candidatura a la Organizacion Panamericana de la Salud del ministro Daniel Salinas, quien hasta ahora venía haciendo campaña para acceder a su dirección. El viernes, Salinas convocó a una comisión encargada de elaborar un protocolo para la eliminación del tráfico ilícito de tabaco, y un día antes el prosecretario de Presidencia afirmó que no se va a revertir el decreto de Lacalle, a pesar de que, además de todos los cuestionamientos y problemas, cuenta con una corriente de opinión pública adversa, según un estudio de la Usina de Percepción Ciudadana. Organizaciones de la sociedad civil, no obstante, evalúan presentar un recurso contra el decreto.

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