Hasta que Gabriel Lagos regrese de su licencia, los apuntes de la semana estarán a cargo de Marcelo Pereira.
Varias noticias de esta semana nos recordaron la conveniencia, e incluso la necesidad, de no apegarnos a criterios rutinarios cuando los datos de la realidad indican que ya no son adecuados.
Uno de los ejemplos más claros tiene que ver con la estrategia para afrontar la pandemia de covid 19. En Uruguay, como en gran parte del mundo, ha pasado a predominar la variante ómicron del virus que causa la enfermedad, y esto tiene consecuencias relevantes que cambian la situación previa.
La circulación comunitaria es intensa y hay registros sin precedentes de las cantidades de diagnósticos diarios y de casos activos, pero la proporción de graves es muchísimo menor, debido a las características de ómicron y al alto porcentaje de personas vacunadas. En la actualidad, los principales problemas se deben a la sobrecarga del primer nivel de atención y al ausentismo laboral por cuarentenas, que es uno de los factores adversos para los operadores turísticos.
El Poder Ejecutivo anunció el lunes que todo seguiría como antes, pero durante la semana comenzaron a oírse voces que señalan el vínculo de los problemas mencionados con el mantenimiento de criterios de testeo masivo y de aislamiento en todos los casos de diagnóstico positivo.
La necesidad de un cambio de estrategia fue planteada al Ministerio de Salud Pública por las sociedades científicas y el Comité de Emergencia del Sindicato Médico del Uruguay, en una línea similar a la que se ha comenzado a aplicar, por ejemplo, en España e Israel. También se ha propuesto, desde el Frente Amplio, que para evaluar la situación y revisar las orientaciones se vuelva a convocar al Grupo Asesor Científico Honorario. Otro ejemplo tiene que ver con el ajuste de jubilaciones y pensiones, que desde la reforma constitucional aprobada en 1989 no puede ser inferior a la evolución del índice Medio de Salarios (IMS).
Durante un largo período en el que los salarios reales aumentaron, se hizo rutinario que el ajuste fuera igual a la evolución de ese índice, y el poder de compra de jubilados y pensionistas creció.
Sin embargo, en los dos últimos años hubo pérdida de salario real, y nada impediría disponer un ajuste por encima del IMS, para evitarles perjuicios a los llamados “pasivos”, si hubiera voluntad política en tal sentido del Poder Ejecutivo. Desde que se aplican estímulos a la plantación forestal, con miras a la producción de pasta de celulosa, no se habían registrado en ellas incendios importantes, pero este año los hubo, y resulta obvia la necesidad de revisar los criterios de prevención y asegurar la fiscalización de su cumplimiento, para evitar que suceda lo mismo que con el etiquetado de alimentos, con normas en vigencia pero una aplicación muy parcial e insatisfactoria. En el caso de la forestación comercial extensiva, hay también quienes sostienen que la revisión debe ir más a fondo, para abarcar los efectos de las plantaciones sobre los ecosistemas y la seguridad alimentaria.
Las circunstancias sociales han cambiado mucho en lo referido a la conciencia sobre desigualdades de género, y esto explica esfuerzos nuevos por visibilizar el aporte de las mujeres en la ciencia o en el movimiento sindical, así como el planteo de aspiraciones de paridad en la conducción política frenteamplista.
A veces se disponen cambios sin tener en cuenta todos sus efectos, y es buena práctica política revisar la evidencia, con apertura a la posibilidad de desandar camino, como sucede con el aumento de penas a todos los delitos de hurto en objetos en la vía pública. No hay el mismo nivel de sensatez en el apresuramiento por aplicar los artículos de la Ley de Urgente Consideración sobre portabilidad numérica, cuando falta poco más de dos meses para que sean sometidos a referéndum.
Hay también en las que la experiencia acumulada valida la continuidad de políticas, sin que haya datos nuevos para justificar un cambio de orientación. Así sucede, claramente, con el Hospital de Ojos. También en el terreno de la educación, donde está más que demostrada la necesidad de la participación convencida de los docentes para que una propuesta de cambio sea viable.
Por último: si un diputado afirma que en su propio partido hay una alta inusual de personas que torturaron en el marco del terrorismo de Estado, como lo hizo Eduardo Lust hablando de Cabildo Abierto, parece clarísimo que corresponde revisar criterios, no sólo en lo que tiene que ver con el funcionamiento de ese partido, sino también en las relaciónes de los demás con él.
Hasta la próxima.