No vamos a editorializar, pero en los últimos días se produjeron varios acontecimientos ilustrativos de algunas contradicciones en las que incurre un gobierno liderado por un sector –el herrerismo– que desconfía profundamente del Estado como regulador de la actividad económica y que, a la vez, utiliza el aparato público para realizar concesiones diversas de bienes comunes.

Veamos. Hace dos años, el gobierno le otorgó a la Terminal Cuenca del Plata (manejada por la empresa belga Katoen Natie) el control del Puerto de Montevideo durante varias décadas. Los precios que viene fijando la multinacional por sus servicios causaron alarma en varios sectores de actividad y la Unión de Exportadores del Uruguay reclamó la creación de un organismo que la fiscalice, pero el proyecto de instituir una unidad reguladora del puerto está estancado desde que se hizo la concesión a los europeos.

Tiene algunas conexiones con lo que está pasando en el rubro de la industria cárnica: un grupo brasileño ha venido creciendo y está a punto de obtener la posición dominante en el mercado, al punto de que desde la institución del ramo se advirtió sobre los peligros que representa esta tendencia concentradora . La alarma habría llegado hasta la Torre Ejecutiva.

Con consecuencias más modestas en lo económico, pero no así en lo simbólico, por estos días surgieron nuevas revelaciones sobre licitaciones públicas y el entorno del exjefe de seguridad del presidente Lacalle.

“Corrupción” y “clientelismo” fueron denunciados directamente por la oposición debido al incremento presupuestal para la comisión que maneja la represa de Salto Grande. Ni la ministra de Economía ni el de Relaciones Exteriores se hicieron cargo del aumento.

En tiempos de expansión del fundamentalismo antiestatal en Argentina, Marcelo Pereira analizó algunos de estos sucesos bajo el prisma liberal que comparten el herrerismo y el candidato Javier Milei.

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