“¿Qué tienen que ver la política y el narcotráfico”, se preguntó el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en el programa de Emiliano Cotelo. Una respuesta oportunista sería “por estos días, todo”, ya que el senador frenteamplista Mario Bergara se apresta a interpelarlos a él y al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo por su responsabilidad en la entrega de un pasaporte exprés al narcotraficante requerido internacionalmente Sebastián Marset. Además, es muy posible que, más allá de cómo les vaya a Heber y Bustillo, la Fiscalía también se ponga a investigar el caso.

Una respuesta menos inmediata podría ser la recomendación del libro Protectores del capital, en el que Gabriel Tenenbaum investiga la red de dispositivos financieros y jurídicos del sistema uruguayo que permiten operar al capital ilegal.

Mientras se suman irregularidades, el propio Marset parece interesado en fogonear el horno. El sábado, publicamos esta puesta a punto de su caso, en la que también Heber puede encontrar algunas respuestas.

Como recuerdan, todo eso no empezó ayer. Hace un tiempo la cuestión era si había conexiones entre el narco internacional y los funcionarios involucrados en el caso Marset, pero ahora la preocupación es de una índole más profunda.

Arde la enseñanza

Si entran a la portada de nuestra área de Educación les dará la impresión de haber retrocedido algunas décadas: hay una plan de reforma resistido, hay marchas por presupuesto, hay [ocupaciones de centros de formación docente en Montevideo y en otras partes del país, y hay denuncias por desalojos violentos de liceos ocupados por los estudiantes.

Además, las autoridades de Secundaria iniciaron procesos penales contra dirigentes y exdirigentes sindicales.

Hubo también una pequeña polémica por la entrega de camisetas de la selección uruguaya como estímulos a los estudiantes de cara a las pruebas PISA. El gasto de 100.000 dólares en ese gesto patriotero choca tras conocerse que la inversión en educación cayó en los últimos dos años.

Mientras tanto, Diputados está por aprobar una rendición de cuentas que quita recursos a la Udelar. Como dato curioso, hubo discrepancias entre los socios gubernistas del Partido Nacional sobre la forma de reparar parcialmente el perjuicio a la universidad estatal.

Recordarán que, cuando estallaron las protestas por el asesinato de George Floyd, en Estados Unidos empezó a correr la consigna “defund the police” (desfinanciar a la policía). Por estos días, tras el allanamiento a la residencia del expresidente Donald Trump, otros estadounidenses claman “defund the FBI”. Por acá, los que están por “defund public education” deben estar frotándose las manos.

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