“Pacto de caballeros”: la frase no sólo resultó anacrónica, sino también muy desafortunada. Lo que quería decir el senador blanco que usó esa expresión en diálogo con la diaria era que había consenso en el Parlamento para tramitar rápidamente el desafuero del senador Gustavo Penadés, y es comprensible el deseo de los legisladores de despejar cuanto antes el camino a la Justicia, evitar mayores perjuicios a la imagen de las instituciones democráticas y, en algunos casos, reducir daños políticos.
No obstante, esa prisa, que presupone la ausencia de un debate en la cámara, también puede tomarse como una forma de minimizar el tema del abuso y la explotación de menores, que –recordemos– es de lo que se acusa al dirigente nacionalista cuyo desafuero solicitó la Justicia.
Quizá por las connotaciones en ese sentido que desató la referencia a un “pacto”, el desafuero exprés quedó descartado y, por iniciativa de la oposición, se seguirá el proceso usual, que implica el tratamiento previo del asunto, aunque sea con rapidez, por parte de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.
Ocurre, además, que lo que se viene conociendo sobre la investigación parece agravar la situación de Penadés. Especialmente su declaración de que ignoraba la edad de las personas a las que pagaba por sexo y la acumulación de denunciantes en su contra. La abogada de varios de estos, por si fuera poco, dio a entender que por lo menos en un caso no cabía lugar a dudas sobre la minoridad de la víctima.
Ante este panorama, el presidente Lacalle Pou, que había voceado su cercanía con Penadés y su confianza en él, ahora prefirió adoptar una actitud más cauta.
Está previsto que el desafuero se consume a principios de la semana que viene, y entonces veremos cómo el Senado equilibra la necesidad de dejar avanzar la investigación judicial con el reconocimiento de la cada vez más probable gravedad del caso.
El problema del agua
De acuerdo a datos de OSE, en la zona metropolitana se excedieron los nuevos niveles de sodio, incluso tomando un promedio de las muestras.
Los trabajadores marcharon y denunciaron el aumento de la desigualdad que supone la necesidad de comprar agua potable.
En sintonía, los diputados frenteamplistas solicitaron quitar impuestos al agua embotellada.
Ayuda: la Junta Departamental de Montevideo aportará dinero para comprar agua embotellada para merenderos y ollas, mientras que desde la Intendencia de Maldonado se ofreció enviar agua potable a la zona metropolitana.
Se hicieron perforaciones en Montevideo, donde hay varios arroyos subterráneos.
Además de problemas en la salud, la salinidad del agua perjudica a muchas empresas.
Las lluvias no alcanzan y hay que prepararse para lo peor, dice Marcelo Pereira.
¿Qué más pasó?
Causó conmoción el asesinato del trabajador de un supermercado en Parque Rodó y desencadenó una nueva interpelación al ministro del Interior por el aumento de homicidios.
El sector de Danilo Astori decidió apoyar la precandidatura presidencial de Mario Bergara, con lo que dio fin a meses de especulaciones sobre qué haría Convocatoria Seregnista en las internas frenteamplistas.
El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dio su apoyo a la incorporación de los delitos ambientales al Código Penal.
La Justicia condenó a dos exmilitares por torturas contra jóvenes comunistas en la década de 1970.
¿Contradicción? El gobierno promueve la publicación de varios archivos de la dictadura, pero negó el acceso a un informe que podría aportar en la investigación sobre desaparecidos.
En la cumbre de presidentes que organizó en Brasil, Lula propuso usar una moneda común para el intercambio comercial entre los países de la región.
En ese encuentro, y con otro espíritu, el presidente Lacalle se manifestó en contra de la creación de más organismos comunes en América Latina.
¿Qué más leer?
Otra forma de ver la dictadura: como proyecto de restauración patriarcal.
Análisis de la crisis económica en la frontera.
Nuestro editorial sobre el problema del “proyecto de transparencia” con los archivos de la dictadura.