La penúltima semana del año empezó complicada para el Ejecutivo, y luego fue empeorando. El lunes tuvo que renunciar Carolina Ache, la número dos del Ministerio de Relaciones Exteriores y ello provocó desavenencias entre los sectores oficialistas, pero el martes ese agite quedó opacado por revelaciones del otro caso que viene golpeando al gobierno, el de la investigación sobre las actividades criminales del exjefe de seguridad del presidente Lacalle, Alejandro Astesiano.

Dos asuntos surgieron de las conversaciones por Whatsapp entre Astesiano y el subdirector ejecutivo de la Policía, Jorge Berriel. Por un lado, se supo que Astesiano le pidió información a Berriel sobre una denuncia por una violación ocurrida durante una fiesta organizada por el Partido Nacional.

Lo más impactante, sin embargo, fue conocer que Astesiano se comunicó con Berriel y con el guardaespaldas de Lorena Ponce de León para averiguar a dónde viajaba ella el día 4 de julio. Ponce de León, como saben, se había separado de Lacalle en mayo de este año.

Distintos actores políticos y mediáticos intentaron mostrar el caso como una violación a la privacidad del presidente, cuando en realidad estaríamos viendo lo contrario: todo indica que se habría incurrido en la violación de la privacidad de una ciudadana utilizando servicios estatales.

Periodistas de El Observador marcaron un hito en el “caso Astesiano” (y en la historia reciente del periodismo local) cuando decidieron dar la noticia del espionaje a Ponce de León a través de sus redes personales, ya que la dirección del diario se negaba a publicarla. El gremio de los periodistas denunció que hubo presión del gobierno para impedir que circulara la noticia.

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