El primer presidente de izquierda de Colombia asumió el domingo pasado. Es un hecho histórico, pero ¿por qué empezar este repaso hablando de él? Un poco es para variar, pero también porque el viernes Gustavo Petro hizo referencia a nuestro país a raíz del “caso Marset”, que usó para ilustrar las ramificaciones regionales del problema del narcotráfico.
El asunto había acaparado titulares en los primeros días de la semana, porque la justicia de Colombia acusó al uruguayo Sebastián Marset de haber ideado el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo.
Lo grave es que este compatriota, requerido en varios países y actualmente prófugo, había podido salir de Dubai, donde estaba detenido, porque el gobierno uruguayo le expidió un nuevo pasaporte. En mayo, el Ministerio del Interior y Cancillería habían cruzado acusaciones por el desatino y ahora se disponen a modificar la normativa que lo hizo posible.
Volviendo a Petro, en estos días publicamos un artículo sobre la simbología que trasuntan sus gestos recientes y otro sobre los desafíos que deberá transitar.
Entre otras cosas, Petro tendrá que lidiar con poderosas organizaciones de narcotráfico, y para ello planteó la legalización de varias drogas como forma de atacar al negocio mafioso; entre otras cosas, será asesorado por uruguayos que lideraron la regulación de la marihuana. En un sentido parecido respecto a la necesidad de legalizar sustancias se expresó Daniel Radío, actual secretario nacional de Drogas de Uruguay.
¿Qué más pasó en estos días?
Hubo que tranquilizar a los muchachos. El anteproyecto de reforma previsional recorta algunos privilegios de la caja militar, por lo que el ministro Javier García fue a conversar sobre el tema con los mandos. Además, el titular de Defensa anunció que había conseguido presupuesto extra para las Fuerzas Armadas en la Rendición de Cuentas. García también es el principal vocero de una reforma de la ley orgánica militar que introduce el ambiguo concepto de “nación” y su defensa.
Otro ministro, el de Trabajo, consideró destacable que un 27% de los trabajadores privados no tuvo pérdidas salariales en el último año. Lo hizo en respuesta a un informe del Instituto Cuesta Duarte que señala que el poder adquisitivo de los asalariados cayó 5% respecto a 2019, que la pérdida salarial lleva 28 meses y que no habría recuperación este año.
Hubo acuerdo en el Parlamento para integrar la directiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos y tres de sus cinco miembros fueron elegidos de forma casi unánime.
La vicepresidenta, Beatriz Argimón, hizo contorsiones para justificar la negativa de su correligionario Juan Sartori a presentar la declaración jurada de su esposa y a la vez defender los mecanismos de transparencia que establece la ley.
En Punta del Este se quemaron el local de Tienda Inglesa y buena parte del shopping center que lo rodeaba. Esperan que para el inicio de la temporada turística los comercios se puedan instalar en la playa de estacionamiento.
El mismo domingo, Gonzalo Civila fue reelegido secretario general del Partido Socialista por amplia mayoría.
El jueves la justicia imputó a tres militares y un policía por los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, ocurridos en 1976.
El viernes acuchillaron a uno de los mayores escritores vivos del mundo.
¿Qué más leer?
Para calibrar las idas y venidas del oficialismo en torno a la derogación de la Ley de Medios, este Apunte de Marcelo Pereira.
Para entender por qué siguen ocurriendo tantos femicidios, este artículo de Stephanie Demirdjian.
Para disfrutar mejor la serie The Sandman, este comentario de Ignacio Alcuri.