Cuando parecía que el “caso Astesiano” tenía cercado al gobierno –descabezamiento de la cúpula policial, menciones a órdenes presidenciales en las estrategias de abogados defensores–, el miércoles pasado la fiscal Gabriela Fossati llegó a un acuerdo con el representante del exjefe de la seguridad presidencial, que, tras la admisión de haber cometido una limitada serie de delitos, le permitirá cumplir con una pena de penitenciaría relativamente corta.
Inmediatamente, diversas figuras del gobierno, como el mismo presidente Luis Lacalle Pou, manifestaron que el fallo judicial implicaba el fin del caso.
Esto, en un examen riguroso, no es exactamente así: si bien la fiscal descartó algunas líneas de investigación, otras seguirán abiertas, mientras que el exjefe de seguridad de Lacalle será investigado por otro fiscal por presunta participación en maniobras de lavado de activos.
Sin embargo, ocurrió otro evento que contribuyó a alejar del gobierno el caso Astesiano: el exseguridad denunció que Gustavo Leal, referente del Frente Amplio en temas de seguridad pública, se había encontrado recientemente con su padre. Esto fue interpretado por diversos portavoces oficialistas como un intento de incidir en la investigación judicial por parte del partido opositor y así también pareció entenderlo Fossati, que pasó a indagar a Leal.
El presidente del Frente Amplio (y otros representantes de la fuerza política) se han esforzado por defender el derecho de Leal a mantener ese tipo de conversaciones, al tiempo que aclaran que las hizo a título personal y sin consultar al partido. En cambio, parte de la dirigencia frenteamplista quedó desconcertada por la actuación del sociólogo Leal, y quien lo expresó más frontalmente fue el exvicepresidente Danilo Astori.
Más allá del “momento mediático”, el caso Astesiano sigue. Esta semana se conocieron nuevas derivaciones, como el intento de pedir una cuantiosa coima en la adjudicación de obras públicas, la comunicación entre el exseguridad y el nuevo director de Policía, al tiempo que los estudiantes del liceo 41, espiados por un policía vinculado a Astesiano, siguen reclamando justicia.
¿Quedará encapsulado el caso, como desea el núcleo oficialista, a pesar de la gravedad de lo que se ha podido conocer estos meses? ¿Será recordado sólo como un episodio del Carnaval 2023? Se juega algo más que un duelo de campañas.
Algo de agua
Llovía cuando escribía este resumen, pero no parece que alcance para alejar la crisis hídrica que tiene en jaque al sector agropecuario y a los bomberos. OSE apuesta a “convencer y disuadir” a quienes incurran en uso no prioritario del agua, pero también se mencionó la posibilidad de cortes programados del suministro. El sindicato alerta sobre la falta de funcionarios para encarar tareas de mantenimiento y reparación de la red.
En este contexto, la búsqueda de otras fuentes de agua potable para el área metropolitana. Eso no quiere decir que todo sirva: la Institución Nacional de Derechos Humanos le recomendó al gobierno que informe cabalmente sobre el controvertido proyecto Neptuno.
El data center que instalará Google en Canelones consumirá mucha de esa agua y la justicia intimó al Ministerio de Ambiente a informar sobre el proyecto.
¿Qué más pasó en estos días?
El régimen de Daniel Ortega le retiró la nacionalidad y declaró prófugos a 94 opositores, entre los que están los escritores Sergio Ramírez (exvicepresidente de Nicaragua) y Gioconda Belli. El gobierno de España les concederá pasaportes. La cancillería uruguaya condenó esta y otras acciones recientes de Ortega.
El descarrilamiento de un tren en Ohio (Estados Unidos) que vertió sustancias tóxicas en corrientes de agua configura una desastre ambiental de dimensiones todavía no establecidas.
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Hay que reenfocar los fideicomisos del transporte para reconvertir toda la flota en vehículos eléctricos, dice este artículo.
“El pobrerío rodea los tablados / es Chirimino que toma la canción”: si reconocen los versos, tal vez los entristezca esta noticia.