Faltan casi 20 meses para el domingo 27 de octubre de 2024, cuando se realizará la primera vuelta de las próximas elecciones nacionales, pero la agenda pública ya se está orientando en forma acelerada hacia ese acontecimiento, no sólo en los debates sobre el proyecto de ley de reforma jubilatoria, sino también en lo referido a las relaciones que marca la Constitución entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y –de modo aún más preocupante– en la conducta de una fiscal que debería mantenerse a saludable distancia del conflicto político entre oficialistas y opositores.
La iniciativa de reforma jubilatoria fue respaldada formalmente varias veces por los partidos oficialistas, pero el temor a sus probables efectos impopulares aumenta a medida que se acercan las elecciones, y abundan las propuestas para “mejorarla”. Cabildo Abierto mantiene discrepancias con el texto cuya aprobación votó en el Senado, y ahora los diputados colorados dudan de que el proyecto no vaya a disminuir prestaciones. Se habla poco, y se debería hablar más, de las cuestiones de género y de cuidados que esta iniciativa puede, incluso, agravar.
El discurso del presidente Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General estuvo dominado, como era previsible, por la intención de construir una imagen positiva sobre el desempeño del gobierno nacional, mediante la selección de los datos mencionados y la omisión de temas incómodos. Como también era previsible, desde el Frente Amplio (FA) se cuestionó este enfoque y se presentó una evaluación mucho más negativa.
El anuncio sobre el que se había creado más expectativa desde el oficialismo, y también el que más se discutió tras el discurso, fue el de un “alivio tributario” para las personas que pagan los impuestos a la renta de las personas físicas (IRPF) o de asistencia a la seguridad social (IASS).
La disminución de lo que recauda el Estado será pequeña y no va a amenazar la situación fiscal, como temían asesores del Ministerio de Economía y Finanzas. Las críticas opositoras se han centrado en que las personas beneficiadas son parte del 30% de trabajadores con mejores ingresos y del 25% de jubilados y pensionistas con prestaciones más altas. A su vez, el FA estudia incluir en su programa de gobierno otro tipo de cambios de la política tributaria, centrados en profundizar la aplicación diferenciada del IVA.
Por último, la fiscal Gabriela Fossati volvió a estar en la picota al informar que indaga al frenteamplista Gustavo Leal por encubrimiento, sin que se sepa de qué o de quién, y, mas aún, porque presentó una denuncia por difamación contra cinco personas, entre las que está el presidente del FA, Fernando Pereira, sin que se les haya comunicado aún de qué expresiones se agravia a Fossati. Cabe acotar que este tipo de denuncia choca contra el criterio aplicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presidida por el uruguayo Ricardo Pérez Manrique.
El FA se solidarizó en forma unánime con Pereira, y la fiscal quedó directamente enfrentada con la fuerza política opositora, pero este no fue el único hecho que complicó su situación esta semana. Se divulgaron audios en los que Fossati realiza comentarios comprometedores sobre la forma en la que encaró el “caso Astesiano” y el fiscal de Corte, Juan Gómez, los está analizando.
Como si esto fuera poco, se difundieron nuevos chats de Astesiano, en los que el exjefe de la custodia presidencial afirmó que podía presionar por el cobro de una deuda porque estaba “protegido” y organizó una reunión para investigar al exdirector de Policía Nacional, Mario Layera, asegurando que Lacalle Pou le había encomendado hacerlo en forma “urgente”.
¿Qué más pasó en estos días?
Tuvo un nuevo giro la cuestión del título del colorado Adrián Peña, que lo había hecho renunciar al Ministerio de Ambiente. Es un hecho que Peña no era licenciado cuando decía serlo, pero la Universidad Católica informó que su asistencia a un curso de seis días no había quedado registrada pero se pudo comprobar, de modo que completó su formación en 2022 y el título está “en trámite”.
Un estudio comprobó que, desde 1982, la expansión agrícola y el cambio de uso del suelo han degradado “inexorablemente” la tierra en Uruguay.
Se aprobó con modificaciones el pliego de licitación para el cuestionado proyecto Neptuno, cuyo objetivo es desalinizar agua del Río de la Plata y sumarla al suministro de OSE para el Área Metropolitana.
Siguiendo con el agua, hubo noticias judiciales sobre dos proyectos que implican su uso, un tema especialmente sensible debido a la sequía. Vecinos de Tambores presentaron una acción de inconstitucionalidad contra una iniciativa para producir hidrógeno “verde” y exportarlo, y un tribunal de Apelaciones ratificó que el Ministerio de Ambiente debe informar sobre la previsión de uso de agua en el data center que una subsidiaria de Google se propone instalar en Canelones.
También desde un tribunal de apelaciones, pero internacional y con sede en París, llegó una noticia preocupante para el Estado uruguayo. Se desestimaron objeciones formales contra una demanda del grupo inversor Zamin Ferrous, y este podrá seguir adelante con sus reclamos por el fallido proyecto Aratirí.
Ya se preparan las actividades para el 8 de marzo, en el que el PIT-CNT aceptó, por primera vez, convocar a un paro de mujeres.
Autoridades israelíes y palestinas se reunieron por primera vez en mucho tiempo con la intención de frenar una creciente escalada de violencia. Con la misma intención pacificadora, pero ante un conflicto que sólo se manifiesta verbalmente, en Uruguay hubo un encuentro entre Pablo Iturralde y Fernando Pereira, autoridades de las mayores fuerzas del oficialismo y la oposición.